Una familia tipo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) necesitó alrededor de $296.000 mensuales para afrontar el costo de los servicios esenciales de luz, gas, agua y transporte.
En ese contexto, el creciente endeudamiento de las familias argentinas para poder comprar alimentos expone una de las caras más dolorosas y urgentes de la actual crisis económica que atraviesa el país durante el gobierno de Javier Milei. Frente a salarios estancados y tarifas en permanente aumento, solicitar un crédito dejó de ser una decisión vinculada al consumo o la inversión para convertirse, en muchos casos, en una estrategia de supervivencia.
Desde el Gobierno nacional, sin embargo, la respuesta ha sido considerar que el endeudamiento constituye un asunto entre particulares y que, por lo tanto, no corresponde la intervención del Estado. Esa posición fue acompañada por expresiones públicas que apelan a la responsabilidad individual de quienes toman créditos.
Para los críticos de esa postura, esa mirada evidencia una profunda desconexión con la realidad social. Sostienen que millones de argentinos no se endeudan por una decisión imprudente, sino porque sus ingresos resultan insuficientes para cubrir el costo de la canasta básica y de los servicios esenciales.
Desde esa perspectiva, reducir el problema a una relación contractual entre privados implica trasladar el peso de la crisis a los sectores de menores ingresos y desconocer el papel que el Estado puede desempeñar frente a una situación de creciente vulnerabilidad alimentaria.
