El próximo jueves 6 de agosto, el Senado de la Nación tratará el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que forma parte de un paquete de reformas que modifica las leyes de Tierras Rurales, Manejo del Fuego y Glaciares.
La propuesta generó un fuerte rechazo en Salta por parte de comunidades indígenas, organizaciones sociales e instituciones religiosas, que advierten que la norma favorecería la concentración de la tierra, facilitaría la venta de territorios a capitales extranjeros y debilitaría la protección de los pueblos originarios.
El rechazo del IPPIS
El Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) expresó su rechazo al proyecto, en lo que calificó como un hecho inédito frente a una iniciativa legislativa nacional. El organismo advirtió que los mecanismos de «desalojo exprés» previstos en la propuesta, junto con la flexibilización del régimen de tierras, podrían derivar en un proceso de despojo masivo de comunidades indígenas.
Además, sostuvo que el proyecto vulnera derechos reconocidos por la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 17; la Constitución de la Provincia de Salta, en su artículo 15; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, normas que garantizan la propiedad comunitaria indígena, de carácter inalienable, imprescriptible e inembargable.
La advertencia desde el norte salteño
Por su parte, Tujuayliya Gea Zamora, médica wichí e integrante de la organización Na’ Nechepa, sostuvo que la iniciativa se inscribe en un proceso de retroceso en materia de derechos territoriales, en línea con la derogación de la Ley Nacional 26.160 y la pérdida de vigencia de la Ley Provincial 7.658 de emergencia territorial.
Zamora afirmó que la apertura a inversores extranjeros —como, según indicó, ya ocurrió con empresas instaladas en el Chaco salteño— no se traduce en desarrollo para las comunidades, sino en la fragmentación de los territorios, la instalación de alambrados sobre tierras ancestrales y el riesgo de nuevas formas de servidumbre.
Finalmente, la referente indígena apeló a la memoria histórica y pidió a los legisladores nacionales que rechacen el proyecto para resguardar los derechos territoriales de los pueblos originarios.
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