El plan de terrorismo de Estado llevado adelante por la dictadura genocida tenía un objetivo claro: implementar un modelo económico antinacional que, a fuerza de deuda impagable, nos obligaría a entregar nuestro patrimonio nacional para saldar esas obligaciones.
Desde el mismo día del golpe de 1976, la represión se concentró en las fábricas, desarticulando cuerpos de delegados y comisiones internas, secuestrando y desapareciendo a miles de trabajadores y trabajadoras combativos. Se prohibieron las huelgas y toda actividad sindical, mientras los salarios caían un 40% en los primeros cuatro meses del régimen.
El gobierno militar de Jorge Rafael Videla, con José Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía, impulsó una política de bicicleta financiera y apertura económica que, como hoy, nos inundó de importaciones, quebró miles de fábricas y dejó a miles de personas sin trabajo.
En 1980, la crisis estalló bajo la forma de un crack financiero que arrasó con los ahorros de miles de personas. Una situación que, lamentablemente, podríamos volver a vivir en muy corto plazo.
Sin embargo, lo más grave del plan de la dictadura —cuya herencia aún perdura— fue la generación de una deuda externa ilegal, inmoral y fraudulenta que seguimos sufriendo. Todos los gobiernos posteriores a 1983 la reconocieron, pagaron y agrandaron como una bola de nieve, con la excepción de Néstor Kirchner, que canceló la deuda con el FMI, y de Cristina Fernández, que no tomó nuevas deudas.
Cuando comenzó la dictadura, la deuda externa argentina era de apenas 7.000 millones de dólares. Al finalizar, había trepado a 41.500 millones.
¿Qué ocurrió? El gobierno de facto tomó préstamos indiscriminados para enriquecer a empresarios amigos, comprar armamento represivo y financiar obras faraónicas como el Mundial ’78. También alimentó la bicicleta financiera y sostuvo artificialmente un dólar bajo, provocando el estallido financiero mencionado anteriormente.
La mitad de esa deuda tiene ese origen. Pero la segunda mitad es aún más escandalosa: en 1982, el entonces presidente del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo, estatizó la deuda externa privada que habían tomado grandes empresas locales y multinacionales. Sí, el Estado argentino se hizo cargo de los préstamos tomados por grupos como Techint, Pérez Companc, Macri y otras corporaciones extranjeras. Peor aún, muchos de esos préstamos ni siquiera existían; fueron inventados por bancos acreedores y reconocidos automáticamente como deuda por nuestro país.
La deuda externa generada por la dictadura fue un escándalo tan grande que, en el año 2000, el juez Jorge Ballestero dictó un fallo reconociendo su carácter ilegal y fraudulento. Elevó sus conclusiones al Congreso para que actuara. Pasó casi un cuarto de siglo y esa causa sigue durmiendo en algún cajón.
En un nuevo 24 de marzo, basta recordar —y no olvidar— las atrocidades económicas que hoy encuentran continuidad en las políticas de Javier Milei. Cada una de esas medidas, como en los años más oscuros, se traduce en miseria, pobreza y marginación social.
Por eso, no hay que pagar la deuda externa. Aunque el oficialismo de Milei y su hermana ya hayan corroído las convicciones en la Cámara de Diputados, y con votos «ensobrados» hayan logrado media sanción, todavía estamos a tiempo.
Lo único que falta es una nueva edición, actualizada, de la película Plata dulce.
