Por Roberto Chuchuy
El terrorismo de Estado que se desató a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976 tuvo en Salta una historia que comenzó antes, el 24 de noviembre de 1974, con la intervención al gobierno constitucional de Miguel Ragone. A partir de allí, la presencia militar comenzó a manifestarse con un alto grado de autonomía, como lo sentenció años más tarde el Tribunal Oral Federal (TOF) en la Megacausa.
En nuestra provincia, la represión fue parte de un plan sistemático. Hubo cerca de 240 detenidos desaparecidos y cientos de detenidos, torturados y perseguidos. La Policía provincial, lejos de ser ajena, fue parte activa del aparato represivo, operando junto al Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal para imponer el miedo y sostener un régimen ilegal.
Las elecciones de 1973 habían consagrado como gobernador a Miguel Ragone y como vicegobernador al dirigente telefónico Olivio Ríos, quien más tarde sufriría la cárcel por ocho años durante la dictadura, al igual que otros dirigentes sindicales, como el metalúrgico Mario Amelunge. Desde antes de esas elecciones, ya había conflictos entre la CGT oficial y la CGT clasista, en un clima de creciente tensión y conmoción social que tuvo su desenlace en la intervención federal primero, y la intervención militar después.
El primer interventor militar en Salta fue el cordobés Alejandro Mosquera, pero la figura más recordada de ese proceso fue el capitán de navío Roberto Augusto Ulloa. El terrorismo de Estado encontró un caldo de cultivo en una provincia donde la violencia política no era desconocida. Ragone y su jefe de Policía, Rubén Fortuny, habían intentado reformar las prácticas represivas de la fuerza, pero los comisarios denunciados volvieron más poderosos y se ensañaron con el ragonismo y con todo aquel que buscara desterrar la tortura y los tratos crueles.
La represión dejó muertos en distintos puntos de la provincia: el militante Eduardo Fronda, el periodista Héctor Luciano en El Encón Chico, y otros militantes peronistas asesinados en la ruta a La Caldera y en el cruce hacia General Güemes. El Operativo Independencia en Tucumán también tuvo ramificaciones en Salta. El Regimiento en nuestra ciudad estaba a cargo del coronel Carlos Alberto Mulhall, y en Tartagal, del general Héctor Ríos Ereñú.
El circuito represivo fue sistemático y brutal. En el norte, los detenidos eran concentrados en el Regimiento de Infantería de Monte 28 de Tartagal, donde operaban los tristemente célebres «Rodillas Negras», un grupo de tareas que recorría los campamentos de YPF y las localidades de la región deteniendo obreros, militantes sociales y políticos. En Orán, funcionó un centro clandestino de detención en el Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional.
En la capital salteña, los galpones del Ejército, la Central de Policía, la Delegación de la Policía Federal, la Comisaría Cuarta y la Unidad Penal N° 1 de Villa Las Rosas fueron centros de detención y tortura. Ex detenidos como Ambrosio López, Héctor Alfredo Mamaní, Eladio Guantay y Aldo Víctor Bellandi testimoniaron que en la Central de Policía existían celdas diminutas, donde solo podía permanecer una persona de pie.
El circuito del horror tenía una secuencia clara: secuestro, tortura y, en la mayoría de los casos, la muerte o la desaparición. Algunos, muy pocos, lograban recuperar la libertad. La maquinaria represiva utilizó explosivos con gelamón para eliminar pruebas y víctimas. Así murieron el policía Carlos “Topogigio” Martínez, el médico Pedro Enrique Urueña, y tras el golpe, el trabajador de YPF Jorge René Santillán, las docentes Sylvia Aramayo y Gemma Ana María Fernández Arcieri, su esposo Héctor Domingo «Guilo» Gamboa, el docente Luis Risso Patrón y Guillermo Allzaga, entre otros.
A 48 años del golpe, la memoria sigue siendo una deuda activa en Salta. Las víctimas no fueron números: fueron vidas, familias, proyectos y sueños arrebatados por un régimen que sembró el terror. La historia nos obliga a recordarlos, a honrar su memoria y a no permitir jamás que el olvido sea cómplice de la impunidad.
