Legisladores del interbloque Unidos reclamaron a Martín Menem y Victoria Villarruel la conformación urgente de las comisiones que deben controlar los decretos del Ejecutivo y el sistema de inteligencia. El bloque de Unión por la Patria se sumó al pedido.
Luego de la reforma de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) dispuesta por el Gobierno nacional mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), un grupo de diputados del interbloque Unidos reclamó la puesta en marcha inmediata de las comisiones bicamerales encargadas de controlar los decretos del Poder Ejecutivo y fiscalizar los organismos de inteligencia.
A través de una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la titular del Senado, Victoria Villarruel, los legisladores solicitaron la “urgente regularización y conformación” de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo —prevista en la Ley 26.122— y de la Comisión Especial Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, creada por la Ley 25.520.
En el texto, los diputados recordaron que ambas comisiones deben constituirse “en cumplimiento del mandato otorgado por el pleno de ambas cámaras y conforme a lo dispuesto por la Constitución Nacional”, y remarcaron que, tras el recambio legislativo, solo se conformaron comisiones unicamerales vinculadas al temario impulsado por el Poder Ejecutivo durante diciembre.
Además, reclamaron que una vez que el jefe de Gabinete remita al Congreso el DNU 941/2025 —tal como lo establece el artículo 99 inciso 3 de la Constitución— el decreto sea girado de inmediato a las comisiones correspondientes para su evaluación. En particular, exigieron que la Bicameral de Trámite Legislativo se expida dentro del plazo de 10 días hábiles fijado por la ley.
De acuerdo a los plazos constitucionales, el vocero presidencial Manuel Adorni tiene diez días hábiles para enviar el decreto al Congreso. La norma ya cosechó un fuerte rechazo de sectores del kirchnerismo/peronismo, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, mientras que el PRO y la UCR aún no definieron una postura pública.
El antecedente inmediato suma tensión al debate: en 2024, con una composición parlamentaria más adversa para el oficialismo, el Congreso rechazó un DNU que otorgaba 100 mil millones de pesos a la SIDE. La Ley 26.122 establece que, una vez recibido el decreto, la comisión bicameral cuenta con otros diez días hábiles para emitir dictamen. Si ese plazo vence sin despacho, las cámaras quedan habilitadas para tratar el tema directamente en el recinto.
En ese escenario, y aun estirando los tiempos al máximo, el decreto podría llegar al recinto recién a comienzos de febrero. Desde la oposición adelantaron que buscarán reunir los votos necesarios para rechazarlo, lo que requerirá mayoría simple en ambas cámaras.
