Dirigentes de distintos espacios cuestionaron que el Gobierno avance por decreto, advirtieron sobre la concentración de poder en la SIDE y reclamaron la intervención urgente del Congreso para frenar la medida.
La decisión del Gobierno nacional de modificar la Ley de Inteligencia Nacional mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) desató un fuerte rechazo de la oposición, que cuestionó tanto el contenido de la reforma como la forma elegida por el presidente Javier Milei para implementarla. Legisladores de distintos bloques coincidieron en advertir sobre un retroceso democrático y reclamaron que el Congreso intervenga para rechazar la norma.
Según trascendió, el decreto que será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial otorgará mayores facultades a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que pasará a concentrar información proveniente de todos los organismos especializados en inteligencia y otras dependencias del Estado. Además, se creará un Centro Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la Secretaría de Innovación de la Jefatura de Gabinete y se habilitará a los sistemas de inteligencia a solicitar apoyo técnico o logístico de las Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías.
Tras conocerse los alcances de la medida, referentes opositores expresaron un contundente rechazo en redes sociales. El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, calificó el DNU como un “retroceso intolerable y de nulidad absoluta” y aseguró que no existe “ni necesidad ni urgencia” que justifique gobernar por decreto. “Si el Presidente quería reformar la ley, podía y debía haber enviado un proyecto al Congreso”, afirmó, y advirtió que se trata de una reforma integral que afecta derechos y garantías constitucionales y debilita los mecanismos de control democrático.
En la misma línea, Ferraro pidió a las autoridades del Congreso, Martín Menem y Victoria Villarruel, que regularicen la conformación de la Comisión Bicameral de Inteligencia y de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para que el DNU sea tratado y rechazado a la brevedad.
Desde el peronismo, el diputado Agustín Rossi sostuvo que el decreto “fortalece la idea de un Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía”, y reclamó que cualquier modificación a la normativa vigente sea debatida y aprobada por el Poder Legislativo. El exministro de Defensa Jorge Taiana, en tanto, advirtió que la reforma busca darle “marco legal a prácticas que ya se realizan” y alertó sobre el riesgo de avanzar hacia un “Estado policial” que persiga y controle a opositores.
Taiana también cuestionó los cambios en el área de Defensa y la subordinación de la inteligencia militar a la seguridad interior, al considerar que se avanza en transformar a las Fuerzas Armadas en un auxiliar de las fuerzas de seguridad.
Por su parte, el diputado socialista Esteban Paulón afirmó que el DNU “generaliza un estado de sospecha” y transfiere competencias sensibles a áreas bajo el control del entorno más cercano al Presidente. Desde la Unión Cívica Radical, Ricardo Alfonsín expresó su preocupación y remarcó que se trata de cambios que deben ser “dialogados, debatidos y consensuados” en el Congreso, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de una impugnación judicial.
Las críticas también llegaron desde la izquierda. El diputado Christian Castillo sostuvo que el decreto implica “un salto en el espionaje a opositores políticos y periodistas” y reclamó su anulación. En tanto, el exdiputado Leopoldo Moreau calificó la iniciativa como una “suma de aberraciones” que viola la Constitución Nacional y representa un claro retroceso democrático.
Mientras el Gobierno avanza con la publicación del DNU, la oposición redobla la presión para que el Congreso active los mecanismos de control y frene una reforma que, según advierten, altera el equilibrio republicano y concentra poder en el sistema de inteligencia del Estado.
