Si algo faltaba para demostrar el ataque brutal contra las personas con discapacidad, era esta muestra descarnada de la barbarie del gobierno de Milei y de sus funcionarios cómplices. Guillermo Francos, al suspender la Ley de Emergencia en Discapacidad, no solo desconoce una norma votada y ratificada por el Congreso, sino que también se coloca por encima de la voluntad popular, intentando gobernar a decretazo limpio y pisoteando la Constitución.
Lo que está en juego no es una técnica parlamentaria: son los derechos de miles de familias que dependen de prestaciones básicas, acompañamientos, terapias y apoyos que garantizan un piso de dignidad. Suspender esa ley significa condenar a la exclusión y al abandono a un sector de la población que ya carga con enormes desigualdades.
Por eso, desde el Senado y Diputados se impulsa la interpelación y la moción de censura. No se trata solo de sancionar a Francos: es una batalla contra un modelo de gobierno que desprecia la democracia parlamentaria y que tiene como norte el ajuste salvaje dictado por el FMI y las corporaciones.
Cada vez que el oficialismo intenta imponer su agenda de ajuste, lo hace atacando primero a los sectores más vulnerables. Hoy son las personas con discapacidad; ayer fueron los jubilados, los trabajadores estatales, los comedores populares. La lógica es siempre la misma: ahorrar sobre la vida de quienes menos tienen.
La interpelación a Francos debe transformarse en un acto político de denuncia y organización, que exprese en las calles la bronca popular contra este gobierno insensible y entreguista. No alcanza con los discursos en el recinto: hay que convertir cada atropello en un punto de apoyo para la movilización social. Porque defender la Ley de Emergencia en Discapacidad es, en definitiva, defender el derecho a vivir con dignidad frente a un Estado que se ha convertido en verdugo de su pueblo.
