La decisión del gobierno de Donald Trump flexibiliza sanciones y permite el uso de fondos públicos venezolanos para pagar a los abogados de Nicolás Maduro en Nueva York.
Estados Unidos modificó su régimen de sanciones contra Venezuela y autorizó que el gobierno de ese país utilice fondos públicos para financiar la defensa legal de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el juicio por narcotráfico que enfrentan en Nueva York.
La medida fue implementada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que emitió licencias enmendadas para permitir que los abogados defensores reciban pagos del Estado venezolano bajo condiciones específicas. Entre ellas, se establece que los fondos deberán estar disponibles después del 5 de marzo de 2026 y no podrán provenir de depósitos de gobiernos extranjeros.
El cambio representa un giro en la estrategia de la administración de Donald Trump, que hasta ahora había bloqueado estos recursos alegando motivos de seguridad nacional y política exterior.
La decisión también responde a planteos de la defensa, encabezada por el abogado Barry Pollack, quien argumentó que impedir el pago de honorarios vulneraba el derecho constitucional de su cliente a contar con representación legal, garantizado por la Sexta Enmienda de Estados Unidos.
En audiencias previas, el juez federal Alvin Hellerstein había manifestado dudas sobre la postura de la fiscalía, señalando que, tras la detención de Maduro y su traslado a territorio estadounidense, ya no representaba una amenaza directa para la seguridad nacional.
Maduro y Flores fueron capturados a comienzos de 2026 y trasladados a Nueva York, donde se declararon inocentes de los cargos vinculados al narcotráfico. Se espera que el juicio formal se realice en uno o dos años, mientras avanza el proceso judicial.
La flexibilización de sanciones se interpreta como un intento de garantizar el desarrollo del juicio sin cuestionamientos legales, en un contexto de tensiones políticas y diplomáticas entre Washington y Caracas.
