El oficialismo volvió a tropezar con su propia improvisación. En su apuro por exhibir firmeza y disciplina parlamentaria, terminó dejando al descubierto una falla política de fondo: gobernar a fuerza de ensayo y error, aun cuando lo que está en juego son derechos laborales básicos.

El controvertido artículo 44 modifica el régimen de licencias por enfermedades o accidentes inculpables —aquellos no vinculados directamente al trabajo— y habilita que, durante ese período, el trabajador perciba solo el 50% o el 75% de su salario. Es decir, introduce la posibilidad de reducir el ingreso justo cuando la persona atraviesa una situación de mayor vulnerabilidad. El esquema vigente garantiza la percepción íntegra del sueldo; el nuevo texto rompe con ese principio protector.

La reacción no tardó. Tras el revuelo político y mediático, el gobierno de Javier Milei buscó despegarse del costo y deslizó la posibilidad de retirar el artículo de la discusión en Diputados. Otra vez, el libreto conocido: se presenta un texto polémico, se mide la resistencia y, si la presión crece, se retrocede. No es estrategia; es improvisación.

En esa misma línea se expresó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien sostuvo que, si la inclusión fue un error, “lo más justo y prudente es corregirlo y, mejor aún, eliminarlo”. Su postura refleja un equilibrio delicado: acompañar a la Nación en las leyes centrales, pero marcar distancia cuando el costo social resulta evidente.

Sin embargo, en el Senado, la salteña Flavia Royón votó afirmativamente el artículo tanto en general como en particular. La disciplina política contrastó luego con los intentos de matizar la decisión en el plano discursivo. Esa contradicción deja al descubierto una práctica preocupante: primero se vota; después se evalúa el impacto.

El debate en Diputados se anticipa intenso. De aprobarse con modificaciones, el proyecto deberá volver al Senado para un nuevo dictamen y su tratamiento definitivo. En paralelo, también se discuten el Fondo de Aportes Laborales (FAL), la eliminación de estatutos profesionales y el financiamiento cultural vinculado al INCAA, aunque sin el mismo nivel de conflicto.

Más allá del destino final del artículo 44, lo ocurrido deja una enseñanza incómoda para el oficialismo: en política, la prisa no reemplaza al consenso, y la improvisación no puede convertirse en método de gobierno. Cuando se legisla sobre el salario de un trabajador enfermo, no hay margen para el error ni para la especulación táctica. Hay responsabilidad.

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