La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que las deportaciones alcanzaron a personas con antecedentes delictivos, alertas de Interpol, impedimentos legales o situación migratoria irregular. La medida forma parte del endurecimiento de los controles fronterizos y migratorios.
El Gobierno nacional informó que durante los últimos seis meses fueron expulsados de la Argentina 14.000 ciudadanos extranjeros que registraban antecedentes penales, alertas internacionales, impedimentos legales para ingresar al país o que se encontraban en situación migratoria irregular.
La cifra fue confirmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien destacó el resultado de los operativos realizados en aeropuertos, puertos, pasos fronterizos y distintos puntos del territorio nacional.
«Argentina está abierta para quienes vienen a trabajar, invertir y respetar la ley. Quienes no lo hacen, no tienen lugar en nuestro país», sostuvo la funcionaria al anunciar los resultados de la política de control migratorio impulsada por el Gobierno.
Según datos oficiales, entre las personas expulsadas se encuentran ciudadanos con pedidos de captura internacional, alertas rojas emitidas por Interpol, extranjeros condenados por distintos delitos y personas que intentaron ingresar o permanecer en el país sin cumplir los requisitos establecidos por la normativa vigente.
Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que el aumento de los controles fue acompañado por la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, entre ellas sistemas biométricos de identificación que permiten verificar antecedentes en tiempo real y cruzar información con bases de datos nacionales e internacionales.
Uno de los operativos más relevantes se realizó recientemente en la feria de Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza, donde fueron identificadas cientos de personas y se detectaron varios casos de irregularidad migratoria, además de actividades vinculadas a la comercialización de mercadería ilegal.
La política migratoria del Gobierno se inscribe dentro de una estrategia más amplia orientada a reforzar los controles fronterizos y endurecer las medidas contra personas con antecedentes penales o requerimientos judiciales internacionales.
Mientras el oficialismo sostiene que estas acciones fortalecen la seguridad y el orden migratorio, sectores de la oposición y organismos de derechos humanos observan con atención la implementación de las medidas y reclaman garantías para el respeto de los derechos de los migrantes.
