El dictamen oficial elimina normas ya sancionadas e insistidas por el Congreso y avanza con recortes en educación, ciencia y políticas sociales. La oposición denuncia una maniobra de último momento y la CGT llamó a movilizar.
En medio del tratamiento del Presupuesto 2026, el Gobierno nacional volvió a encender la polémica al incluir en el dictamen la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, dos iniciativas que ya habían sido sancionadas por el Congreso, vetadas por el Ejecutivo e insistidas en ambas cámaras. La avanzada generó un fuerte rechazo de la oposición, organizaciones sociales y del movimiento sindical.
A días de iniciar su tercer año de gestión, la administración de Javier Milei busca aprobar su primer presupuesto con el respaldo de bloques aliados y gobernadores “dialoguistas”. Este miércoles, la Cámara de Diputados debatirá la llamada “Ley de Leyes”, luego de que el oficialismo lograra dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El texto también podría ser incorporado en la sesión del viernes 26, cuando el Senado trate la reforma laboral.
El proyecto presupuestario no sólo elimina las dos leyes sensibles, sino que además deroga la actualización automática de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo, lo que en la práctica implica un congelamiento de esos ingresos. A su vez, restringe el régimen de “zonas frías” para el subsidio al gas y otorga mayor discrecionalidad al Poder Ejecutivo para definir su alcance.
La oposición denunció que los cambios fueron introducidos a último momento y enviados únicamente a los bloques aliados. El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, advirtió que se trata de una maniobra irregular y anticipó que buscarán eliminar esos artículos en la votación en particular. Desde ese espacio propusieron garantizar la vigencia de todas las leyes aprobadas por el Congreso y rechazaron especialmente el artículo 30, que elimina metas mínimas de financiamiento educativo, científico y tecnológico.
La Confederación General del Trabajo (CGT) también salió al cruce del proyecto. En un comunicado, la central obrera exigió el retiro del artículo 30 por considerar que implica una reducción drástica de la inversión educativa, el desfinanciamiento de la educación técnico-profesional y el vaciamiento de la ciencia y la tecnología. Frente a este escenario, convocó a movilizar “en defensa de la educación, la producción y los derechos sociales”.
En paralelo, el Gobierno avanza con otras iniciativas clave de su agenda, como la ley de “disciplina fiscal”, que busca blindar el déficit cero y establecer sanciones a quienes impulsen leyes que afecten el equilibrio fiscal, y un nuevo blanqueo de capitales rebautizado como “inocencia fiscal”.
Mientras tanto, distintos bloques opositores cuestionan que el Presupuesto no contemple partidas para recomponer jubilaciones, reactivar la obra pública ni impulsar la actividad económica, y advierten que las proyecciones oficiales —crecimiento del 5% del PBI, inflación del 10,1% y un dólar a $1423 para fines de 2026— resultan poco realistas.
Con un Congreso atravesado por fuertes tensiones y una creciente conflictividad social, el debate del Presupuesto 2026 se perfila como un nuevo foco de confrontación política entre el Gobierno y la oposición.
