La Asociación de Periodistas de Salta (APES) repudió públicamente las agresiones verbales y expresiones discriminatorias de la diputada nacional María Emilia Orozco, representante de La Libertad Avanza y presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión en el Congreso. El comunicado difundido este martes denuncia una escalada de violencia institucional contra el periodismo local.
La declaración fue motivada por varios hechos en los que Emilia Orozco hostigó a periodistas que investigaban denuncias por corrupción y violencia de género dentro de su espacio político. En uno de los casos más graves, la legisladora atacó en redes sociales al periodista Daniel Murillo con frases que incluso involucraron a sus hijos: “La naturaleza es sabia; vos sos una lacra, pero tus hijos son hermosos”, escribió la diputada.
La APES advirtió sobre el preocupante avance de discursos de odio provenientes del poder y exigió al Estado garantizar la libertad de prensa. “No se puede tolerar que una diputada utilice su banca para agredir y estigmatizar”, expresó Darío Illanes, presidente de la entidad. Subrayó que los dichos de Orozco no solo vulneran principios constitucionales, sino que además refuerzan prácticas autoritarias.
El episodio se originó tras consultas periodísticas vinculadas a Pablo López, concejal del mismo partido que Orozco, denunciado por violencia de género y retención de haberes a una asesora. Según la APES, la respuesta de la diputada fue una serie de ataques verbales, amenazas y descalificaciones personales contra quienes ejercían su labor de informar.
Illanes recordó que la Comisión de Libertad de Expresión, que preside Orozco, no sesiona desde septiembre de 2024. “Es insostenible que quien debería proteger a la prensa sea quien la agrede”, apuntó. A este señalamiento se sumó un pedido de remoción de la legisladora por incumplimiento de funciones, presentado por varios diputados en el Congreso.
El Sindicato de Prensa de Salta (SIPRENSAL) también expresó su repudio. Su secretario gremial, Antonio Gaspar, denunció que estas agresiones ocurren en un contexto nacional donde los mensajes contra el periodismo se multiplican desde el propio Gobierno. “Cuando el Presidente habla de que no odiamos lo suficiente a los periodistas, legitima estos atropellos”, sostuvo.
Gaspar alertó, además, sobre la precariedad que atraviesa el sector en Salta: salarios por debajo de la línea de indigencia, trabajadores sin obra social ni aportes jubilatorios, y redacciones que se achican bajo presión política o económica. Denunció, por ejemplo, la quita arbitraria de pauta al periodista Oscar Gutiérrez en Salvador Mazza, tras incomodar al intendente local.
Ambas organizaciones exigieron a los gobiernos nacional y provincial que actúen con urgencia. Reclaman políticas públicas claras: protocolos de protección para periodistas amenazados, revisión de la pauta oficial y un compromiso firme con el acceso a la información pública.
“El Estado no puede seguir mirando hacia otro lado”, remarcó Illanes. “Cuando una diputada insulta, calumnia y vulnera derechos básicos, debe responder ante la Justicia. De lo contrario, se envía el mensaje de que todo vale y que la violencia se premia”.
El comunicado de la APES cierra con una advertencia en línea con organismos como el CELS y la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA: los discursos de odio institucional generan autocensura, debilitan la democracia y silencian a quienes denuncian abusos de poder.
