Que el presidente Javier Milei firme, el 24 de marzo, el indulto a militares condenados por crímenes de lesa humanidad no sería un gesto cualquiera. Se trata del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, cuando el pueblo argentino recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado y reafirma el compromiso con el Nunca Más.
Ese día se cumplirán 50 años del golpe que inauguró la dictadura más sangrienta de nuestra historia: el Golpe de Estado en Argentina de 1976. Un régimen que dejó 30 mil desaparecidos, centros clandestinos de detención, torturas y apropiación de bebés. Los responsables no están presos por revancha: fueron condenados por la Justicia en juicios ejemplares, reconocidos en todo el mundo.
Actualmente hay 539 represores detenidos, de los cuales 454 cumplen arresto domiciliario. No se trata de venganza, sino de condenas firmes por delitos imprescriptibles.
Un indulto en ese contexto no sería un acto de reconciliación, sino un retroceso histórico.
El shock para tapar la crisis
El país atraviesa una recesión profunda, con inflación en alza y fábricas que cierran. Las encuestas muestran una caída pronunciada en la imagen presidencial. En ese escenario, instalar un debate explosivo puede servir para correr el foco de la crisis económica.
La democracia argentina se construyó, desde 1983, sobre un consenso básico: los crímenes de lesa humanidad no se negocian. Jugar con la memoria colectiva para desviar la conversación pública es un recurso peligroso.
Un debate con antecedentes
El intento de reescribir la historia no es nuevo. Voces cercanas al oficialismo han reivindicado la llamada “memoria completa” y relativizado el terrorismo de Estado. También persiste el recuerdo del escándalo por la visita de legisladores libertarios a represores como Alfredo Astiz.
En los años 90, el entonces presidente Carlos Menem indultó a militares y guerrilleros en nombre de la pacificación. La historia demostró que aquella decisión no cerró heridas: las profundizó. Años después, la Corte Suprema y el Congreso revirtieron ese camino.
Juristas advierten que los delitos de lesa humanidad tienen un estatus especial en el derecho internacional. Un indulto podría ser considerado inconstitucional y violatorio de los compromisos asumidos por el Estado argentino.
La calle como respuesta
Cada 24 de marzo, cientos de miles de personas marchan en todo el país, no por ideología partidaria, sino por memoria y justicia. Un indulto ese día sería leído como una provocación deliberada.
No se trata de defender el pasado, sino de sostener un principio: cuando un Estado perdona a quienes ejercieron el terror para gobernar, el mensaje es claro: el poder puede quedar impune.
La democracia en la Argentina nació con una promesa: Nunca Más. Cualquier decisión que la contradiga no solo afectará la credibilidad presidencial, sino que pondrá en juego la confianza en las instituciones y el respeto por los derechos humanos que tanto costó reconstruir.
Y eso no es un detalle menor.
