Mientras millones de argentinos ajustan sus gastos para sobrevivir, enfrentan alquileres cada vez más elevados o resignan el sueño de acceder a una vivienda propia, una parte importante de los funcionarios del gobierno libertario parece haber encontrado una vía privilegiada de acceso al crédito hipotecario estatal.
Los números son contundentes. Entre enero de 2024 y marzo de 2026, el Banco Nación otorgó 25.391 créditos hipotecarios. De ese total, 1.120 fueron destinados a Personas Expuestas Políticamente (PEP), es decir, funcionarios, exfuncionarios o personas estrechamente vinculadas al poder. En otras palabras, uno de cada 23 créditos terminó en manos de integrantes de la estructura política que gobierna el país.
Sin embargo, la cifra de 1.120 beneficiarios podría no reflejar la totalidad de los casos. Existen subsecretarios, directivos de organismos públicos y funcionarios de sociedades con participación estatal que no integran ese registro específico y que también podrían haber accedido a estos préstamos.
Mientras se aplicaban recortes presupuestarios, despidos y ajustes sobre jubilados, trabajadores, universidades y distintos sectores del Estado, se ampliaban las posibilidades para que integrantes de la administración pública accedieran a financiamiento subsidiado.
Pensar que la Justicia investigará si existieron irregularidades en la asignación de estos créditos parece, para muchos, una utopía.
Pero el problema político ya está planteado. El gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios de la denominada “casta” enfrenta ahora una pregunta incómoda: ¿por qué tantos funcionarios terminaron beneficiándose de un programa financiado por el mismo Estado que dicen combatir?
La contradicción resulta evidente. La motosierra mostró toda su potencia frente a jubilados, trabajadores, universidades y programas sociales, pero parece volverse notablemente más cuidadosa cuando se acerca a los privilegios del poder.
La discusión ya no pasa solamente por la legalidad de los créditos otorgados, sino por la coherencia entre el discurso político y las prácticas de gobierno. Porque cuando quienes prometieron terminar con los beneficios del poder aparecen entre los principales beneficiarios de políticas estatales, la distancia entre el relato y la realidad se vuelve cada vez más difícil de disimular.
