A dos semanas del intento oficialista por aprobar la ley, la central obrera se reunió con senadores de Fuerza Patria y sectores empresarios para bloquear una iniciativa que limita la huelga y retrocede sobre derechos históricos como la jornada de ocho horas.
La Confederación General del Trabajo (CGT) comenzó a mover fichas en el Congreso para intentar frenar la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y que el oficialismo busca tratar el próximo 11 de febrero en el Senado. A dos semanas de la sesión, la central obrera se reunió con senadores de Fuerza Patria para analizar el escenario parlamentario y coordinar una estrategia que impida la aprobación exprés de una ley que, según advierten, recorta derechos conquistados hace más de un siglo.
El proyecto libertario no solo modifica condiciones de contratación, sino que además restringe el derecho a huelga y flexibiliza pilares básicos del derecho laboral, como la jornada de ocho horas. Frente a ese panorama, el peronismo en la Cámara alta se fijó un primer objetivo: romper el quórum del oficialismo y evitar que la iniciativa llegue al recinto.
Con apenas 28 senadores propios, la oposición necesita sumar voluntades entre bloques provinciales y radicales que no responden directamente a la Casa Rosada. En ese esquema aparecen legisladores “sin tierra”, es decir, sin alineamiento con gobernadores ni acuerdos con el Ejecutivo, que hoy son el centro de la disputa política.
Mientras tanto, el Gobierno también acelera su propia estrategia. Desde diciembre, el oficialismo fortaleció el vínculo con gobernadores a cambio de respaldo parlamentario. El ministro Diego Santilli viene recorriendo provincias y sumando apoyos. En las últimas horas, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, expresó públicamente su acompañamiento a la reforma laboral tras un encuentro con el funcionario, a cambio de mayores fondos para su provincia.
En Neuquén, en cambio, el respaldo no quedó claro. El gobernador Rolando Figueroa evitó pronunciarse de manera explícita, mientras crece la incertidumbre sobre qué harán los legisladores que responden a La Neuquinidad. La misma ronda de negociaciones incluyó encuentros con mandatarios de Chubut, Chaco, Mendoza, San Juan y Salta.
En paralelo a la rosca política, la CGT desplegó una agenda propia. Primero mantuvo un encuentro reservado con representantes de las cámaras empresariales CAME, CAC y ADINRA, que advirtieron sobre los problemas jurídicos y la conflictividad que podrían generar varios artículos del proyecto. Algunos sectores empresarios incluso plantearon la necesidad de eliminar puntos que pondrían en riesgo a las pymes.
Sin embargo, desde la central obrera marcaron distancia con el Gobierno. El dirigente Octavio Argüello negó contactos con la Casa Rosada y sostuvo que no existe diálogo oficial por la reforma. “Hasta el momento no hubo diálogo con el Gobierno”, afirmó.
Además, legisladores y gremios presionan para que la CGT adopte un perfil más confrontativo. La idea es avanzar en un plan de acción conjunto con las dos CTA, que incluya movilizaciones antes y durante el tratamiento de la ley en el Congreso.
Pese a la resistencia sindical y parlamentaria, el oficialismo mantiene el cronograma. Desde el bloque libertario aseguran que la media sanción llegará dentro de la primera quincena de febrero.
Así, la reforma laboral se convirtió en el primer gran campo de batalla del año entre el Gobierno, la CGT y la oposición, en una pulseada que no solo define cambios en el mundo del trabajo, sino también el equilibrio político entre la Casa Rosada y el movimiento obrero organizado.
