El rol de Arroyo Salgado y su historia con Stiuso bajo la lupa: una carrera judicial entre causas sensibles y controversias
Se volvió a poner sobre la mesa el entramado de persecución judicial que atraviesa a dirigentes y militantes peronistas, señalando con dureza a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado como una de las figuras clave de esa ofensiva. El caso de Eva Mieri —detenida por una denuncia de Luis Espert y Alexia Abaigar— es apenas la muestra más reciente de un proceso de estigmatización que busca instalar la idea de un “monstruo peronista” al que luego se le pueda oponer cualquier cosa. Incluso, personajes “de una imbecilidad que atraganta la risa con el llanto”.
La comparación de la militancia política con el nazismo, hecha por la propia Arroyo Salgado, es para muchos un salto peligroso en la criminalización del pensamiento opositor. Pero hay algo más profundo que explica su protagonismo: la trayectoria de esta jueza no se puede entender sin repasar su relación con Antonio “Jaime” Stiuso, el exespía estrella de la SIDE.
Arroyo Salgado y Stiuso mantuvieron vínculos judiciales en causas altamente sensibles, en especial en el expediente AMIA y, luego, en el marco de la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien fue su pareja y padre de sus hijas. Tras la aparición sin vida de Nisman, ambos empujaron la hipótesis del asesinato con una narrativa cargada de motivaciones políticas, dejando atrás cualquier neutralidad judicial.
Esa coordinación entre el poder judicial y los servicios de inteligencia levantó múltiples sospechas. ¿Colaboración institucional o connivencia con los sótanos del Estado? La línea es difusa. Pero lo que resulta evidente, según sectores del periodismo y la política, es que desde 2015 se abrió una nueva etapa en la que la justicia federal se convirtió en una herramienta para disciplinar, perseguir y demonizar al adversario político.
Mientras tanto, los medios hegemónicos replican y amplifican el mensaje. Es una situación que se asocia con lo ocurrido en Brasil con Bolsonaro y con la maquinaria evangelista que fabricó al “monstruo rojo” para luego imponer el odio como política de Estado. En Argentina, ese “monstruo” se llama peronismo, y la alianza mediático-judicial lo usa para justificar atropellos institucionales y económicos.
Las tapas de Clarín y La Nación, que acusan a mapuches de “terroristas”, son para un sector de la prensa otro síntoma de esta tendencia: criminalizar, aislar y finalmente destruir a todo aquello que represente una amenaza para el poder concentrado. “La democracia argentina recibió su tiro de gracia en 2015”: la justicia se convirtió en una herramienta de poder.
En este escenario, figuras como Sandra Arroyo Salgado operan con una legitimidad heredada, pero atravesada por intereses opacos. Su cercanía con Stiuso —el operador por excelencia de los secretos del Estado— y su protagonismo en causas mediatizadas y cargadas de orientación ideológica, invitan a repensar los límites de la justicia en un país donde las garantías parecen cada vez más frágiles.
