La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la vigencia de la medida cautelar que obliga al Estado nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución mantiene la actualización de salarios docentes, no docentes y becas mientras continúa el proceso judicial.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó este martes la vigencia de la medida cautelar que ordena al Estado nacional garantizar el financiamiento de las universidades públicas, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara un recurso presentado por el Gobierno nacional.
Con esta resolución, la medida cautelar continúa plenamente vigente y el expediente fue remitido nuevamente al juzgado de primera instancia para su ejecución, por lo que no podrá ser suspendida mientras se resuelve el fondo de la causa.
La decisión fue adoptada por la Sala III del tribunal, que consideró abstracto el recurso de apelación presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra la suspensión de la ejecución de la cautelar. Según el fallo, esa suspensión perdió sustento luego de que la Corte rechazara el recurso extraordinario interpuesto por el Estado nacional.
El Estado deberá garantizar las partidas presupuestarias
Como consecuencia de la resolución judicial, el Gobierno nacional deberá disponer las partidas presupuestarias necesarias para cumplir con lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario.
La medida alcanza la actualización de los salarios de docentes y trabajadores no docentes, además de la recomposición de distintos programas de becas estudiantiles.
El origen del conflicto
La controversia judicial se originó tras la publicación del Decreto 759/25, mediante el cual el Poder Ejecutivo condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso durante 2025.
Esa norma había sido vetada por el Gobierno nacional, pero posteriormente fue ratificada por ambas cámaras del Congreso con un amplio respaldo legislativo, en un contexto de movilizaciones impulsadas por la comunidad universitaria en defensa del presupuesto educativo.
Ante la demora en la aplicación de la ley, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con organizaciones gremiales docentes, promovió un amparo colectivo para exigir el cumplimiento efectivo de la normativa.
Con la decisión de la Cámara, la cautelar continuará vigente mientras avanza el proceso judicial que definirá la cuestión de fondo sobre la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.
