En la apertura de las sesiones legislativas, el presidente Javier Milei volvió a convertir la Asamblea en un escenario de agravios. No fue un exabrupto aislado ni una desmesura pasajera: fue la puesta en escena de una forma de ejercer el poder. La violencia verbal se condice con la precariedad del conocimiento económico que exhibe cuando debe explicar, con argumentos sólidos, el rumbo real del país.
La grosería política no es un desliz comunicacional. El lenguaje vulgar y agresivo opera como un dispositivo de disciplinamiento simbólico: desactiva el pensamiento crítico, sustituye el debate por la consigna y legitima la degradación institucional.
Cuando el Presidente reduce el intercambio político a insultos dirigidos al kirchnerismo y a toda la oposición, no fortalece la democracia: la empobrece.
La vulgaridad cumple, además, una función específica: bloquear la argumentación compleja. Allí donde debería haber datos, análisis y explicaciones técnicas sobre inflación, deuda o producción, aparece el grito. Donde debería construirse un horizonte colectivo, se instala la humillación del adversario.
Un idioma político degradado no produce sentido ni conciencia; produce alineamiento automático, adhesión o rechazo visceral. Es la política convertida en espectáculo permanente.
El problema no es solo estético. Cuando la obscenidad se vuelve una marca identitaria del poder, la institucionalidad se resiente. La Presidencia se transforma en tribuna; el Estado, en plataforma de confrontación constante. Y en ese clima, la discusión profunda sobre el modelo económico queda desplazada.
La violencia verbal no es fortaleza. Cuando faltan resultados o fundamentos, sobran insultos. Cuando escasea el conocimiento, se impone la descalificación. Gobernar no es gritar más fuerte: es convencer con razones. Y esas razones, hasta ahora, brillan por su ausencia.
