El Gobierno evaluará el nivel de avance, los fondos comprometidos y posibles incumplimientos antes de resolver el futuro de los proyectos financiados por el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
El Gobierno nacional estableció un nuevo procedimiento para evaluar y definir la continuidad de las obras que permanecen en ejecución en barrios populares incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 209/2026 de la Secretaría de Obras Públicas, publicada este miércoles 23 de septiembre. La normativa aprobó un Plan de Acción destinado a analizar los proyectos financiados a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
Para determinar cómo continuará cada obra, las áreas correspondientes deberán evaluar distintos aspectos, entre ellos el grado de avance de los trabajos, los recursos ya comprometidos, el organismo encargado de la ejecución y la existencia de posibles incumplimientos por parte de contratistas o autoridades responsables.
El nuevo esquema será de aplicación obligatoria para las dependencias de la Secretaría de Obras Públicas. A partir del análisis de cada proyecto, se deberá determinar su curso teniendo en cuenta criterios financieros y legales, además de la disponibilidad presupuestaria.
La resolución se conoce luego del conflicto judicial generado alrededor del FISU. En 2025, una medida cautelar del Juzgado Federal de Pehuajó había suspendido disposiciones relacionadas con la liquidación del fondo hasta que el Estado nacional presentara un esquema orientado a procurar la continuidad de la política de integración de los barrios populares.
De esta manera, la resolución no establece una continuidad automática para todas las obras, sino un mecanismo de evaluación individual para determinar qué ocurrirá con cada uno de los proyectos que permanecen en ejecución.
