$181.472 millones para 2027. Fondos reservados y una pregunta central: ¿quién controla el destino de esos recursos?
El Presupuesto 2027 vuelve a poner el foco sobre los recursos destinados a la SIDE. El Gobierno proyecta elevar su presupuesto de $97.137 millones en 2026 a $181.472 millones en 2027, lo que representa un incremento cercano al 90%.
Pero hay algo que genera aún más interrogantes que el aumento: los fondos reservados y la falta de información pública sobre su destino.
Cuando se habla de miles de millones de pesos que pueden administrarse bajo reserva, las preguntas son inevitables: ¿quién controla realmente ese dinero? ¿Quién conoce su destino? ¿Ante quién se rinden cuentas?
Los interrogantes aumentan al considerar las ampliaciones presupuestarias otorgadas durante este año. En julio, la SIDE recibió cerca de $50.000 millones adicionales y, posteriormente, se sumaron otros $30.000 millones.
Estamos hablando de cifras significativas de dinero público.
Por eso, hablar de “fondos sospechosos” no significa afirmar que exista un delito. Significa poner sobre la mesa una cuestión elemental en cualquier democracia: cuando existen grandes sumas de dinero público cuyo destino no puede conocerse con claridad, corresponde exigir controles y explicaciones.
La inteligencia del Estado puede requerir determinados niveles de reserva. Lo que no debería existir es una zona de oscuridad permanente alrededor del uso de los recursos públicos.
Si el Gobierno solicita más dinero para la SIDE, también debería explicar para qué lo necesita, bajo qué mecanismos será utilizado y qué organismos tendrán capacidad efectiva para fiscalizarlo.
Porque una cosa es mantener determinada información bajo reserva por razones de seguridad. Otra muy distinta es que esa reserva termine convirtiéndose en un obstáculo para los mecanismos de control.
$181.472 millones para 2027. Fondos reservados. Ampliaciones millonarias. Y demasiadas preguntas que todavía esperan respuestas.
La pregunta queda planteada:
¿DÓNDE VAN A TERMINAR ESOS FONDOS?
Los argentinos tienen derecho a conocer cómo se controla el dinero público, aun cuando determinadas operaciones de inteligencia deban permanecer bajo reserva.
