El dirigente del Partido Obrero advirtió en El Cronista de Salta que la modificación de la ley de glaciares habilitaría decisiones “arbitrarias y políticas” para permitir la explotación minera en zonas hoy protegidas. También cuestionó el impacto laboral del sector y apuntó contra el escenario político en la provincia.
El dirigente del Partido Obrero, Pablo López, lanzó duras críticas contra la modificación de la ley de glaciares que se debate en el Senado y aseguró que el verdadero objetivo es habilitar negocios mineros en zonas actualmente protegidas.
Según explicó, la normativa vigente establece la preservación de glaciares y áreas periglaciares como reservas estratégicas de agua, prohibiendo cualquier tipo de actividad extractiva. Sin embargo, la reforma en discusión permitiría que los gobiernos provinciales decidan retirar esas zonas del inventario oficial, abriendo la puerta a su explotación.
“Esto es muy grave porque no hay capacidad técnica ni científica en las provincias para tomar esa decisión. Va a ser completamente arbitraria y política, pensada para favorecer a empresas mineras”, afirmó.
López señaló además que existen intereses concretos detrás del cambio legislativo. Indicó que ya se planteó la necesidad de avanzar sobre proyectos de cobre que actualmente están frenados por la ley, y que se busca incorporarlos al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), cuyo plazo vence este año.
En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias ambientales de intervenir en estas áreas. Explicó que los glaciares cumplen una función clave como reservas hídricas, especialmente en regiones áridas, y que su afectación implicaría la pérdida definitiva de esas fuentes de agua.
“Es como romper un tanque: el agua se pierde toda de golpe y después no hay más reserva”, graficó.
El dirigente también cuestionó el argumento oficial sobre la generación de empleo. Aseguró que el impacto laboral de la minería está sobredimensionado y que la mayoría de los puestos se concentran en la etapa de construcción, con escasa estabilidad posterior.
“De mil trabajadores en una obra, pueden quedar apenas 200 cuando la mina entra en funcionamiento. Además, hay precarización, malas condiciones laborales y conflictos permanentes”, sostuvo, al tiempo que recordó antecedentes de despidos y reclamos en el sector.
Por otra parte, López vinculó el avance de estas políticas con el escenario político provincial. Criticó la posibilidad de una nueva reelección del gobernador y advirtió sobre intentos de modificar reglas electorales.
“Se acomoda el régimen según la conveniencia del poder. Hay una alineación con el Gobierno nacional que también impulsa este tipo de medidas”, expresó.
