Luego de la multitudinaria movilización en defensa de la universidad pública realizada este martes en distintos puntos del país, el Gobierno nacional ratificó que mantendrá el ajuste sobre las casas de altos estudios y volvió a cuestionar el reclamo impulsado por estudiantes, docentes y autoridades universitarias.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseguró que las manifestaciones no modificarán la política económica aplicada por la administración de Javier Milei y calificó la protesta como una movilización “política”.
“Pueden juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, expresó el funcionario en declaraciones radiales, en referencia a la marcha que colmó la Plaza de Mayo.
La disputa por la Ley de Financiamiento Universitario
Desde el Gobierno sostienen que la discusión de fondo gira en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y actualmente bajo análisis judicial.
Según Álvarez, la normativa presenta problemas vinculados a la asignación de recursos presupuestarios. “La ley nació muerta porque viola el principio presupuestario”, afirmó el funcionario, al cuestionar que no se haya especificado el origen de los fondos necesarios para su implementación.
La definición final sobre la constitucionalidad y vigencia de la norma quedará ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Acusaciones de politización
El subsecretario también insistió en que la movilización estuvo impulsada por sectores opositores al Gobierno. Durante una entrevista en Radio Mitre, sostuvo que la protesta contó con participación de dirigentes políticos, sindicales y organizaciones sociales.
En ese marco, cuestionó especialmente al vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Anselmo Torres, a quien definió como “un político profesional”.
Debate sobre ingreso irrestricto y financiamiento
Las declaraciones más polémicas estuvieron relacionadas con el sistema de ingreso irrestricto y la gratuidad universitaria, dos pilares históricos de la educación pública argentina.
“El ingreso irrestricto tiene el problema de que hay que financiarlo”, señaló Álvarez, quien además deslizó la posibilidad de discutir sistemas de cupos o arancelamiento.
El funcionario argumentó que la formación de profesionales representa un alto costo para el Estado y sostuvo que el actual esquema universitario necesita modificaciones para garantizar su sostenibilidad.
También hizo referencia a los estudiantes extranjeros dentro del sistema universitario argentino, reabriendo un debate que ya había generado controversias en ocasiones anteriores.
Mientras tanto, sectores universitarios, docentes y estudiantiles continúan denunciando que el ajuste presupuestario ya impacta en el funcionamiento cotidiano de las universidades, con problemas de infraestructura, reducción de personal y dificultades para sostener actividades académicas y de investigación.
