La investigación judicial que busca determinar la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este miércoles nuevos testimonios y datos sobre pagos realizados en dólares en el country Indio Cuá.
Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, declaró José Luis Rodríguez, propietario de una de las viviendas alquiladas por el funcionario mientras se realizaban remodelaciones en una propiedad adquirida dentro del mismo barrio privado.
Según trascendió de la declaración, Rodríguez aseguró que Adorni pagó US$13.000 para instalarse junto a su familia mientras avanzaban las obras de refacción de una casa comprada por alrededor de US$120.000 en Exaltación de la Cruz.
El testigo sostuvo además que el acuerdo inicial debió extenderse de manera verbal por otros tres meses debido a demoras en las obras. Por ese período adicional, el funcionario habría abonado otros US$2400. De acuerdo con el relato incorporado a la causa, todos los pagos fueron realizados en efectivo y en dólares.
Rodríguez también señaló que ya había mantenido vínculos contractuales previos con Adorni. Según indicó, ambos habían firmado un alquiler temporario en octubre de 2023, antes de la llegada de Javier Milei a la Presidencia.
En su declaración, el propietario agregó que Adorni también pasó el verano de 2024 en el country Indio Cuá, cuando ya se desempeñaba como vocero presidencial. Esa estadía, según sostuvo, tuvo un costo de US$5600.
Obras millonarias y pagos sin factura
La causa también incluye la declaración del contratista Matías Tabar, encargado de las remodelaciones de la vivienda adquirida por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
Ante la Justicia, Tabar aseguró que las obras demandaron aproximadamente US$245.000 y que los pagos fueron realizados en efectivo y sin facturación formal.
Según detalló en su presentación judicial, los trabajos se llevaron adelante entre septiembre de 2024 y julio de 2025 e incluyeron reformas en cocina, baño, quincho, pileta, pisos y galería, entre otros sectores de la propiedad.
El empresario explicó además que recibió US$55.000 durante 2024 y otros US$190.000 en 2025. También aportó su teléfono celular y datos de trabajadores que participaron de las obras, entre ellos albañiles, electricistas y plomeros.
La investigación judicial
La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y es impulsada por el fiscal Pollicita. El expediente busca reconstruir el origen de los fondos utilizados para la compra de inmuebles y las remodelaciones vinculadas al funcionario nacional.
En el marco de la investigación ya fueron solicitados informes patrimoniales, registros de propiedades, vehículos y movimientos financieros. También se incorporaron documentos relacionados con la escritura de la vivienda ubicada en Indio Cuá, firmada el 15 de noviembre de 2024 ante la escribana Adriana Mónica Nechevenko.
Sin embargo, según consta en documentación incorporada al expediente, la propiedad aún figura en registros municipales a nombre de Juan Ernesto Cosentino.
En sus últimas declaraciones públicas, Adorni negó haber cometido irregularidades y aseguró que puede justificar tanto la compra de propiedades como el dinero utilizado para las reformas.
