La ofensiva judicial contra Cristina Fernández de Kirchner expone un escenario en el que la derecha, con el aval del poder económico y mediático, busca disciplinar al sistema político argentino. La proscripción como herramienta de control ante un gobierno cada vez más debilitado.
La derecha necesita la proscripción para consolidar el poder. Cualquier persona que crea que el fallo de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner responde estrictamente a un caso de corrupción, desconoce la profundidad del problema o carece de una lectura política más amplia. El trasfondo es mucho más complejo: se trata de una operación para disciplinar a las fuerzas opositoras y reconfigurar el sistema político.
Actualmente, la Corte Suprema de Justicia opera con sólo tres de sus cinco miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Un tribunal que, lejos de ser un contrapeso institucional, actúa como garante de sus propios privilegios —por ejemplo, no tributan el impuesto a las ganancias— y se alinea con los intereses del poder real. Lo que está en juego no es la transparencia, sino el disciplinamiento político mediante una intervención directa en el proceso electoral.
La corrupción, extendida en todos los niveles del sistema capitalista, es apenas una excusa para consumar una jugada de tinte mafioso. La causa “Vialidad” fue el instrumento, y la sentencia contra Cristina, el mensaje: ningún actor político está fuera del alcance del «partido judicial». Los supremos no actúan como jueces sino como cuadros políticos, formados con respaldo internacional —especialmente del Departamento de Estado de EE.UU.—, muy lejos del rol técnico que debieran tener.
¿Por qué ahora? Una de las razones es la creciente debilidad del gobierno de los hermanos Milei. La precariedad institucional, los resultados magros en elecciones provinciales y la alta abstención generan incertidumbre. Ante un eventual revés electoral en la provincia de Buenos Aires —incluso un empate sería problemático—, todo el entramado político y económico que sostiene el modelo Milei-Caputo podría tambalear. Es el fantasma de 2018 con Mauricio Macri como telón de fondo.
La derecha, sostenida por los factores de poder económico, los medios hegemónicos y el imperialismo norteamericano, busca imponer un nuevo contrato político: un país “a su imagen y semejanza”. Milei representa ese proyecto: ajuste estructural, pérdida de soberanía y disciplinamiento social. Para lograrlo, necesitan suprimir cualquier disidencia real.
Frente a este panorama, la figura de Cristina Fernández de Kirchner revitalizó la militancia peronista. Su moderación discursiva, su planteo de reformas laborales y su propuesta de un Estado eficiente no alcanzaron para desactivar el aparato proscripto. El poder real no tolera ni siquiera matices dentro del sistema: quiere que todos los partidos se alineen con el mileísmo, aunque lo hagan con discursos diferentes.
Y cuidado: dentro del peronismo hay actores que aceptan esta lógica. En Salta, por ejemplo, los tres diputados nacionales del PJ han mostrado más sumisión al gobierno de Milei que los propios legisladores de La Libertad Avanza.
Si una figura como Cristina puede ser proscripta pese a su moderación, el camino queda abierto para avanzar contra cualquier dirigente que cuestione el statu quo: líderes sindicales, movimientos sociales, organizaciones juveniles. Lo que está en juego no es sólo una candidatura, sino el derecho a participar políticamente sin ser criminalizado.
La respuesta debe estar a la altura del ataque. Defender los derechos democráticos básicos es hoy una tarea urgente. Si la resistencia a la proscripción se articula con la lucha contra el ajuste, puede emerger un movimiento más profundo y transformador. Porque el cercenamiento de libertades y el deterioro social no son fenómenos separados: son dos caras de una misma estrategia.
No se trata de elegir entre «mal menor» o «mal mayor». Ese dilema sólo perpetúa la sumisión. El Poder Judicial, la Corte Suprema y el bloque de poder al que responden no están discutiendo la corrupción: la utilizan si les resulta útil. La verdadera discusión es por el control del presente y el futuro del país.
La moneda está en el aire. El resultado no está escrito. Como siempre, dependerá de la organización y la lucha del pueblo.
