Cientos de miles se preparan para acompañar a Cristina Kirchner a Comodoro Py. En la Casa Rosada intentan evitar la postal de una expresidenta rodeada de pueblo, mientras se multiplican las presiones sobre los jueces para concederle la prisión domiciliaria antes del miércoles.
La imagen de una multitud acompañando a Cristina Fernández de Kirchner rumbo a Comodoro Py es hoy el mayor temor del Gobierno. En las últimas horas, tanto en público como en reservadas gestiones políticas, la Casa Rosada desplegó una ofensiva para desactivar lo que se anticipa como una de las movilizaciones más masivas de los últimos años. La pesadilla oficial no es sólo la marcha: es que esa escena circule por el mundo, dejando al desnudo el descrédito del Poder Judicial y la vigencia política de una expresidenta condenada.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sugirió que Cristina podría ser notificada por Zoom para evitar su traslado a tribunales. Incluso se habló de gestiones directas del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, con los jueces del Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2) para otorgar la prisión domiciliaria y así desinflar la convocatoria. Desde el entorno de Amerio lo niegan, pero el rumor no deja de circular con fuerza.
En paralelo, el tribunal aún no se pronunció sobre la modalidad de cumplimiento de la condena. Por ahora, mantienen la instrucción de que CFK se presente en Comodoro Py, lo que ocurriría este miércoles cerca del mediodía. La marcha partirá a las 10 desde el domicilio de la ex mandataria, en la calle San José, rumbo al edificio judicial de Retiro. Las medidas de seguridad ya fueron dispuestas con notificaciones a la Ciudad, al Ministerio de Seguridad nacional y a la Cámara de Casación.
Este martes, se espera la presentación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes durante el juicio pidieron 12 años de prisión para Cristina y podrían oponerse a la domiciliaria, argumentando que no basta con su edad (72 años), sino que deben considerarse cuestiones médicas. No obstante, la defensa de CFK subrayó que, como ex presidenta, tiene custodia oficial que no puede ser removida, y que por razones de seguridad, mantenerla en un penal implicaría aislarla, lo que sería contrario a los tratados internacionales de derechos humanos.
Mientras tanto, crecen las versiones sobre la presión oficial a los jueces para evitar la escena de una multitud defendiendo a Cristina. El mismo Francos advirtió que “sería lógico que la notificación sea sin que concurra a tribunales” y que la marcha “no generará nada positivo”, en un intento por reducir la tensión social que, sin embargo, va en aumento.
El pedido de prisión domiciliaria presentado por su abogado, Alberto Beraldi, también recuerda que CFK fue víctima de un intento de magnicidio durante el juicio de la causa “Vialidad”, hecho que suma gravedad al contexto. En el escrito, se señala además que quien fue mano derecha de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el diputado Gerardo Milman, está imputado por su posible vinculación con ese atentado.
Desde el TOF 2 aún no hay decisión definitiva. El domicilio ofrecido por CFK ya fue aprobado como apto para detención domiciliaria y se ordenaron pericias socioambientales. Se espera que el fallo se conozca tras el dictamen fiscal.
En medio de este escenario, la movilización de este miércoles se sostiene y crece. Para el Gobierno, no se trata sólo de una cuestión judicial, sino de una imagen política que puede quedar grabada en la historia reciente: la de una expresidenta condenada por una justicia cuestionada, acompañada por una marea de pueblo que, lejos de menguar, parece volver a emerger con fuerza.
