El gobernador Gustavo Sáenz se sometió a una rinoscopia en vivo, transmitida desde la Casa de Gobierno, frente a funcionarios, periodistas y cámaras oficiales. El procedimiento, con resultado previsiblemente negativo, no aportó ningún dato médico relevante. Lejos de ser un hecho sanitario, terminó funcionando como un gesto político y una maniobra de exhibición cuidadosamente montada.
La escena se inscribe en la reciente firma del DNU 32/26, que establece la obligatoriedad de exámenes médicos y toxicológicos para funcionarios de los tres poderes del Estado. Aunque la rinoscopia no forma parte del test toxicológico completo previsto por la norma, su transmisión pública operó como una señal clara: el Ejecutivo marca el camino y espera que el resto de los funcionarios lo siga.
Lo que comenzó como una demostración médica dejó rápidamente de ser un hecho sanitario para transformarse en una puesta en escena de disciplinamiento político. La presencia de legisladores reforzó ese mensaje, incorporando al Poder Legislativo como actor y testigo. El cuerpo del funcionario convertido en prueba; el control médico, en espectáculo institucional.
El decreto alcanza a una extensa lista de cargos públicos: gobernador, ministros, legisladores, jueces, fiscales, intendentes y autoridades municipales. La norma habla de confidencialidad, resguardo de datos personales y posibles sanciones. Sin embargo, la práctica inaugural fue exactamente lo contrario: exposición pública y teatralización del control.
En paralelo, el gobierno provincial presentó SAFESA, una iniciativa que busca suplir la falta de especialistas —un problema real y estructural— mediante dispositivos portátiles operados en territorio y guiados a distancia por profesionales disponibles las 24 horas. El propio ministro de Salud, Federico Mangione, fue explícito: no hay neurólogos, cardiólogos, traumatólogos, oftalmólogos, psiquiatras ni psicólogos suficientes. La telemedicina aparece así como una posible respuesta frente a una carencia que no es exclusiva de Salta, sino que atraviesa a todo el país.
Sin embargo, en un contexto nacional de ajuste, con salarios deteriorados y personal sanitario exhausto, la decisión de convertir controles médicos en un show institucional volvió a desviar el eje del debate. La salud pública quedó reducida a una escena de alto impacto visual, mientras las discusiones de fondo —financiamiento, condiciones laborales, planificación sanitaria, acceso efectivo a la atención y prevención de consumos problemáticos— quedaron fuera de cuadro.
La rinoscopia en vivo no explica cómo se va a sostener el sistema en el tiempo, quiénes van a operar la red digital a largo plazo ni con qué recursos. Tampoco responde cómo se retendrán especialistas ni cómo se fortalecerá la atención primaria.
La convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar el DNU 32/26 confirma que el episodio no fue improvisado. El Ejecutivo busca validar una iniciativa que presenta como ética y transparente, pero que abre interrogantes sobre derechos, privacidad y el uso político de la salud. ¿Se trata de garantizar la aptitud para la función pública o de instalar un nuevo dispositivo de control simbólico?
La presentación de SAFESA quedó así atravesada por dos planos superpuestos: la promesa de modernización sanitaria y la construcción de un relato político basado en la exposición pública. El poder puso el cuerpo, literalmente, mientras los problemas estructurales del sistema de salud siguen esperando algo más que gestos. Porque, al final del día, ninguna rinoscopia en vivo reemplaza una política sanitaria integral.
