Un informe de Industriales Pymes Argentinos advirtió que las presentaciones judiciales por crisis empresaria aumentaron más de un 130 % y alertó sobre un posible colapso productivo.
La crisis que atraviesa el sector pyme continúa profundizándose y ya comienza a reflejarse con fuerza en los tribunales comerciales. Según un informe elaborado por Industriales Pymes Argentinos (IPA), los concursos preventivos de acreedores crecieron más de un 130 % en la Ciudad de Buenos Aires y los primeros datos de 2026 muestran una aceleración aún mayor del fenómeno.
De acuerdo con el relevamiento realizado sobre datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial porteña, durante 2025 se registraron 190 aperturas de concursos preventivos, frente a las 82 contabilizadas en 2023. El incremento supera el 131 % y, según advirtieron desde IPA, el escenario actual podría incluso superar los niveles registrados durante la pandemia.
La entidad señaló que solamente entre febrero y abril de 2026 ya se iniciaron 92 procesos concursales en la Ciudad de Buenos Aires, una cifra que se acerca rápidamente a los niveles máximos observados durante la emergencia sanitaria de 2020, cuando se habían abierto 106 concursos preventivos en todo el año.
Desde IPA alertaron sobre un “inminente colapso judicial y productivo” y vincularon la situación con el deterioro general de la actividad económica. El informe sostiene que desde noviembre de 2023 cerraron más de 24.000 empresas en el país y que más de 327.000 trabajadores perdieron cobertura dentro del sistema de riesgos del trabajo como consecuencia de la destrucción de empleo.
La organización empresarial también advirtió sobre un fuerte proceso de desinversión en la industria nacional. Según señalaron, la Argentina registró por primera vez en más de dos décadas un saldo negativo en inversión extranjera directa dentro del sector productivo, mientras varias multinacionales abandonaron el país y numerosas firmas locales redujeron o modificaron su estructura para intentar sobrevivir.
El informe destaca además que la crisis productiva provocó un aumento de la capacidad ociosa industrial, que actualmente supera el 40 %, junto con la paralización de maquinaria, pérdida de capital productivo y cierre de fábricas.
El presidente de IPA, Daniel Rosato, aseguró que el daño sobre el entramado pyme “es mucho peor de lo previsto” y reclamó medidas urgentes al Gobierno nacional. “No hay tiempo para discutir ideologías; hay que salvar a las empresas y a los trabajadores”, sostuvo.
En ese marco, la entidad reclamó al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo y al Congreso nacional el tratamiento inmediato de una ley de emergencia económica para el sector pyme. El objetivo, explicaron, es evitar una nueva ola de cierres, quiebras y ejecuciones judiciales mediante herramientas transitorias que permitan recuperar capital de trabajo y sostener la actividad productiva.
La preocupación empresaria crece en paralelo al deterioro de distintos indicadores industriales y comerciales, en un contexto donde muchas pequeñas y medianas empresas enfrentan dificultades para sostener la producción, el empleo y el acceso al financiamiento.
