La concejal Erica Castro presentó dos proyectos que buscan acelerar el tratamiento de expedientes, garantizar la participación ciudadana y aplicar multas económicas a los funcionarios municipales que incumplan con los pedidos de informes del Concejo Deliberante.

La concejal capitalina Erica Castro presentó una batería de iniciativas legislativas destinadas a fortalecer los mecanismos de control sobre el Departamento Ejecutivo Municipal y reducir las demoras en el tratamiento de expedientes dentro del Concejo Deliberante de Salta.

Uno de los proyectos propone modificar el Reglamento Interno del cuerpo para evitar que los pedidos de informes queden demorados indefinidamente en las comisiones. La iniciativa establece que, si un expediente permanece sin tratamiento durante más de dos reuniones, quedará automáticamente habilitado para ser debatido en el recinto durante la sesión siguiente.

Además, la propuesta busca agilizar la actividad legislativa prohibiendo dilaciones injustificadas y garantizando la participación de vecinos y organizaciones intermedias en las discusiones que los involucren.

La segunda iniciativa apunta directamente a los funcionarios municipales que no respondan los pedidos de informes aprobados por el Concejo. El proyecto plantea reformar la Ordenanza N° 10.371 para establecer sanciones económicas personales a quienes incumplan con los plazos establecidos.

Según la propuesta, el Ejecutivo municipal deberá responder en un máximo de 15 días hábiles. En caso de incumplimiento, el funcionario responsable podría recibir multas de hasta 1.000 Unidades Tributarias, con recargos diarios por cada jornada de demora. Los fondos recaudados serían destinados a entidades de bien público.

El proyecto también contempla la posibilidad de convocar a los funcionarios a una interpelación obligatoria ante el Concejo Deliberante. Si no asisten sin justificación, las sanciones económicas podrían incrementarse significativamente.

Castro sostuvo que las iniciativas buscan fortalecer la transparencia institucional y garantizar que los funcionarios rindan cuentas de sus actos ante la ciudadanía.

«Los funcionarios están para servir a los vecinos y no para esconder información. Quienes incumplan con sus responsabilidades deberán asumir las consecuencias», expresó la edil al presentar los proyectos.

Las propuestas comenzarán ahora su recorrido legislativo dentro del Concejo Deliberante, donde deberán ser analizadas por las comisiones correspondientes antes de llegar al recinto para su tratamiento.

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