A veces la desilusión invade cuando la Justicia —no toda, pero sí demasiada— actúa en obediencia debida a los poderes fácticos del gobierno de turno. Fallos recientes así lo demuestran. Sin embargo, hay excepciones que rompen el molde y dejan al descubierto la voluntad política de incumplir la ley.
La Justicia Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, dictó un fallo que incomoda al oficialismo: intimó al Estado nacional a implementar, en un plazo de cinco días hábiles, la Ley de Emergencia en Discapacidad y a remitir pruebas concretas de su cumplimiento. La resolución surge de un amparo colectivo presentado por familiares y organizaciones ante las demoras deliberadas del Gobierno.
El fallo exige que el Ejecutivo informe y acredite el avance real de la ley “con las constancias respectivas”, algo que hasta ahora se ha negado a hacer. Primero, el Gobierno vetó la norma. Luego, cuando ambas cámaras rechazaron el veto, la promulgó por decreto pero suspendió su ejecución alegando falta de fondos. Una excusa que no resiste análisis: una vil mentira.
Esta decisión judicial demuestra que la lucha, la organización y la unidad dan resultados. Ese camino debe profundizarse y articularse con otros reclamos que crecen entre los trabajadores, como la resistencia a una reforma laboral regresiva y esclavizante que el poder pretende imponer. Cuando el Estado incumple, la Justicia —si es independiente— debe intervenir. Y cuando el pueblo se organiza, el poder tiembla.
