El cuarto paro general contra el gobierno de Javier Milei no es un hecho aislado ni un capricho sindical. Es la expresión de un conflicto profundo entre un modelo de país que prioriza el ajuste y una clase trabajadora que ve amenazados sus derechos más básicos.
Desde que asumió Milei, ya se realizaron cuatro paros generales convocados por la Confederación General del Trabajo. El primero, el 24 de enero de 2024, contra la “Ley Ómnibus” y el DNU 70/2023; el segundo, el 9 de mayo, por la Ley Bases; el tercero, de 36 horas, el 9 de abril, en defensa del salario y de los jubilados; y ahora este nuevo paro contra la reforma laboral. En promedio, uno cada seis meses.
Desde 1983 se registraron 48 paros generales en la Argentina: Raúl Alfonsín tuvo 13; Fernando de la Rúa registró la mayor frecuencia; Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner (en su segundo mandato) tuvieron cinco cada uno. Incluso gobiernos peronistas atravesaron conflictos sindicales. El paro general no es una anomalía: es una herramienta histórica del movimiento obrero.
Pero los paros contra Milei tienen otra dimensión. No se trata solo de una disputa salarial. La reforma laboral en debate es percibida por amplios sectores como un cambio estructural que altera la relación de fuerzas entre capital y trabajo. Cuando se paralizan colectivos, trenes, aviones y subtes, no es solo una demostración de poder: es una advertencia política.
El oficialismo insiste en llamar “modernización” a lo que los gremios consideran precarización. Esa es la verdadera grieta del momento. Y si el Gobierno responde con represión o descalificación en lugar de diálogo, la conflictividad se agudiza.
La pregunta de fondo no es cuántos paros hubo, sino por qué. Cuando un gobierno acumula un paro cada seis meses, el problema no es únicamente sindical: es político y social. Ignorarlo puede resultar más costoso que sentarse a negociar.
