Esta semana hubo dos discursos que marcaron la agenda política: el del presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa nacional y el del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en la apertura de sesiones de la Legislatura provincial.
Dos escenarios distintos, dos estilos diferentes… pero con algo en común: una distancia cada vez mayor entre lo que dicen los gobiernos y lo que vive la sociedad.
En el caso del presidente Milei, el discurso volvió a mostrar un rasgo que ya se convirtió en una marca registrada de su gestión: la agresión verbal como forma de hacer política. El presidente no solo expuso su programa económico, sino que volvió a recurrir a la descalificación, la burla y la confrontación permanente como herramientas de gobierno.
Cuando un presidente convierte el insulto en método, en realidad está degradando el debate democrático. Porque gobernar no es gritar más fuerte que los demás. Gobernar es explicar, convencer y hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones.
Y las consecuencias del programa económico de Milei están a la vista: caída del consumo, salarios pulverizados, jubilaciones en retroceso y una economía que, según el relato oficial, se ordena, pero a costa de un fuerte ajuste social.
Mientras el gobierno celebra el superávit fiscal como si fuera un trofeo, millones de argentinos viven cada día con más dificultades para llegar a fin de mes.
El problema es que el equilibrio de las cuentas públicas se está logrando con un desequilibrio cada vez mayor en la vida cotidiana de la gente.
Ahora bien, si el discurso de Milei fue agresivo y confrontativo, el del gobernador Gustavo Sáenz fue muy distinto: moderado, prolijo e institucional.
Pero eso no significa que no tenga problemas de fondo.
El gobernador hizo un repaso de gestión, habló de obras, de federalismo, de la defensa de Salta frente al gobierno nacional y de la necesidad de cuidar los recursos de la provincia.
El problema es que el discurso dejó afuera algunas preguntas incómodas.
Por ejemplo: ¿qué modelo de provincia se está construyendo?
Salta sigue siendo una de las provincias con mayores niveles de pobreza del país. Los salarios públicos están entre los más bajos de la Argentina. Y gran parte de la economía provincial continúa dependiendo del empleo estatal, de la asistencia social o de actividades extractivas que generan riqueza, pero no necesariamente desarrollo.
El discurso oficial habla de progreso, inversiones y crecimiento. Pero en la vida cotidiana de muchos salteños ese progreso todavía no se siente.
También hay otro dato político que no se puede ignorar.
Mientras el gobernador reclama federalismo frente a la Nación, su espacio político ha acompañado en el Congreso varias de las iniciativas centrales del gobierno de Milei.
Es decir: por un lado se cuestiona el ajuste nacional, pero por otro se votan leyes que lo hacen posible.
Esa contradicción forma parte de la política argentina de estos tiempos.
Gobiernos provinciales que necesitan recursos de la Nación, legisladores que negocian poder en el Congreso y una sociedad que mira todo eso con una mezcla de cansancio y desconfianza.
Por eso, más allá de los discursos formales de apertura de sesiones, la pregunta que queda flotando es otra: ¿la política está discutiendo realmente los problemas de la gente?
Porque mientras en los recintos se multiplican los discursos, en la calle crecen las preocupaciones.
Preocupación por el trabajo.
Por los salarios.
Por el costo de vida.
Por el futuro.
Y cuando la política no logra conectar con esas preocupaciones reales, lo que aparece es el descreimiento.
El descreimiento en las instituciones.
El descreimiento en los dirigentes.
Y el descreimiento en la propia democracia.
Los discursos inaugurales suelen ser momentos de promesas, balances y anuncios. Pero también deberían ser momentos de autocrítica.
De reconocer errores.
De escuchar más.
Y de entender que la política no puede seguir hablándose a sí misma mientras la sociedad enfrenta problemas cada vez más urgentes.
Porque al final del día, lo que está en juego no es un discurso más o un discurso menos.
Lo que está en juego es algo mucho más profundo: la confianza entre la política y la sociedad.
Y esa confianza, hoy en la Argentina, está seriamente dañada.
