El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei consolida el desmantelamiento de programas clave para la prevención y atención de las violencias, según un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.
El Presupuesto Nacional 2026 presentado por el gobierno de Javier Milei oficializa un recorte cercano al 90% en las políticas públicas de género, profundizando un proceso de desfinanciamiento iniciado en 2024. Así lo advierte un informe elaborado por Patricia Sotile, investigadora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), que analiza el impacto de las asignaciones previstas para el próximo ejercicio.
De acuerdo al estudio, la única política que conserva financiamiento es la correspondiente a Protección de Víctimas de Violencia, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, con una partida cercana a los 40 mil millones de pesos. Sin embargo, al comparar ese monto con las principales políticas vigentes en 2023 —el mismo programa, el Programa Acompañar y la Línea 144— se observa una reducción presupuestaria del 89% en términos reales.
La especialista señala que, para recuperar el nivel de inversión que tenían en 2023 el Programa Acompañar y la Línea 144, sería necesario destinar alrededor de 1.790 mil millones de pesos, una cifra muy distante de lo contemplado en el proyecto oficial. Ambas iniciativas continúan sin partida presupuestaria, lo que deja sin respaldo estatal a miles de mujeres y diversidades que atraviesan situaciones de violencia.
El informe —que contó con la revisión de Agustina Rossi, Julieta Izcurdia, Delfina Schenone Sienra y Natalia Gherardi— también advierte que el Presupuesto 2026 ratifica la eliminación del Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG), una herramienta creada hace más de siete años que permitía identificar, monitorear y transparentar los fondos destinados a reducir desigualdades estructurales.
Desde ELA subrayan que, desde la llegada de Milei al poder en 2023, el Ejecutivo avanzó de manera sistemática en el desmantelamiento de las políticas de género, sin que hasta el momento exista información clara sobre los procesos de reestructuración previstos hacia 2027. A dos años de gestión, el Gobierno tampoco presentó un Plan Nacional de Acción para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incumpliendo lo establecido por la Ley 26.485.
“El Estado nacional históricamente funcionó como un igualador frente a las profundas desigualdades regionales”, advierte Sotile en el documento. En ese sentido, alerta que la ausencia de un plan integral y de financiamiento suficiente deja a mujeres, niñas y adolescentes en una situación de extrema vulnerabilidad, dependiendo exclusivamente de respuestas fragmentadas y desiguales en las provincias.
