El dato político es brutal y elocuente: el equipo económico se reunió sin Javier Milei y sin su hermana Karina. No fue una omisión menor ni un problema de agenda. Fue la postal de una descomposición interna en un gobierno que se dice monolítico, pero que funciona a los empujones, con facciones enfrentadas y un único consenso real: avanzar contra los derechos laborales y transferir recursos del Estado a los grandes grupos económicos.
La ausencia de los Milei no ordenó nada. Al contrario, dejó al desnudo una contradicción central: mientras una parte del oficialismo busca “sacar la ley como sea”, otra se atrinchera en el dogma y repite, como un mantra vacío, que “el proyecto no se toca”. Traducido al castellano llano: extorsión o ajuste, zanahoria o garrote, pero siempre contra los mismos.
El ala encabezada por Patricia Bullrich, Diego Santilli y los Menem apuesta a la vieja política que dicen detestar: negociaciones opacas, favores presupuestarios, promesas de obras, ATN repartidos de manera discrecional y gobernadores alineados “como patitos de plástico”. Ya se vio en 2024 con el reparto selectivo de fondos y el congelamiento de la obra pública. El método es conocido: disciplinar a las provincias con billetera flaca y chequera selectiva.
Del otro lado aparece Federico Sturzenegger, el talibán del ajuste permanente, que rechaza cualquier concesión. Su argumento es tan simple como cínico: ya se cedió demasiado con el Presupuesto 2026 y ni siquiera así lograron blindar los capítulos más regresivos. La conclusión es peligrosa: no negociar más, pasar por arriba de gobernadores, intendentes y del propio Congreso si hace falta.
En medio de esa interna, la reforma laboral avanza como una topadora. No hay debate genuino, no hay escucha social, no hay evaluación real de impacto. Hay apuro. Hay calendario. Hay una fecha marcada: 11 de febrero. Y hay un artículo clave, el 191, que resume el corazón del proyecto: menos impuestos para las grandes empresas, menos recursos para las provincias y cero garantías de más empleo.
Los gobernadores —propios y “peluca”— lo saben. Por eso la preocupación recorre Chubut, Chaco, Mendoza, San Juan y todas las provincias que dependen de la coparticipación para sostener servicios básicos. Reclaman obras, créditos, oxígeno fiscal. No por convicción ideológica, sino por supervivencia política. Saben que esta puede ser una de las últimas oportunidades para frenar un desangramiento que los deja sin margen de gestión.
Los números son demoledores y no admiten relato libertario. Según un informe del senador Jorge Capitanich, los cambios en Ganancias implican una pérdida anual superior a los 8 billones de pesos: unos 5.727 millones de dólares que dejarán de financiar salud, educación, infraestructura y políticas públicas. No es “modernización”: es saqueo. No es eficiencia: es transferencia directa de recursos a sectores privilegiados.
Capitanich lo dijo sin vueltas: el artículo 191 es un “suicidio colectivo para gobernadores e intendentes”. Y tiene razón. Porque el Gobierno promete compensar la caída de la recaudación con “creación de empleo”, una muletilla gastada hasta el hartazgo. Nadie serio cree ya en esa fantasía. La historia argentina es clara: ninguna reforma flexibilizadora generó trabajo de calidad.
El peronismo lo recuerda con datos, no con slogans. Entre 2003 y 2015, con derechos laborales plenos, salarios en alza y protección al trabajador, se crearon cuatro millones de empleos. En los años noventa, con flexibilización y ajuste, el desempleo saltó del 6 al 18 por ciento. Y en el presente inmediato, con la reforma laboral incluida en la Ley Bases, se perdieron más de 250.000 puestos registrados y cerraron unas 19.000 pymes. Esa es la realidad que el Gobierno se niega a mirar.
Una ley no crea empleo por sí sola. El trabajo lo generan las políticas económicas, la inversión productiva, el mercado interno y un Estado presente. Lo que sí crea esta reforma es precarización, pérdida de derechos y provincias más pobres. Por eso la interna oficialista no es ideológica, sino táctica: discuten el cómo, no el para qué. El objetivo es el mismo: ajustar, transferir y disciplinar.
Que el equipo económico se reúna sin Milei no es un detalle. Es la prueba de un gobierno fragmentado, sin liderazgo real, que avanza por inercia ideológica mientras incendia el tejido social y federal. Y también es una advertencia: cuando el poder se desordena arriba, el costo siempre lo paga abajo el pueblo trabajador.
La reforma laboral no es modernización: es retroceso. Y la historia, una vez más, no va a absolver a los cómplices.
