Desde 1955 hasta la actualidad, la derecha argentina jamás logró gobernar sin recurrir a la represión. Primero lo hizo de la mano de las Fuerzas Armadas; luego, durante el menemismo, bajo el ropaje discursivo de la “modernización” económica; hoy, con Javier Milei, ya sin disfraces ni eufemismos, al servicio explícito de los grandes monopolios nacionales y extranjeros, incluso en abierta subordinación a los intereses de Estados Unidos. La represión no es un exceso del modelo: es su método constitutivo.
Los datos son contundentes. Durante 2025 se registraron más heridos, más detenidos y un nivel de violencia estatal inédito desde el retorno democrático. La represión golpeó con especial crudeza a jubilados y trabajadores de prensa: cuatro veces más adultos mayores resultaron heridos y el doble de comunicadores fueron agredidos en comparación con 2024. Así lo consigna el informe del organismo presidido por Adolfo Pérez Esquivel. Nunca, en democracia, se había verificado una sistematicidad represiva de esta magnitud.
No se trata de hechos aislados ni de “desbordes” operativos. Es una estrategia planificada y funcional a un modelo neoliberal que concentra riqueza y empobrece a las mayorías. Siete efectivos policiales por manifestante, inteligencia ilegal, infiltrados de civil y el uso de armas potencialmente letales configuran un escenario de disciplinamiento social. Las 37 denuncias penales impulsadas por la Comisión Provincial por la Memoria —que también preside Pérez Esquivel—, junto a casos emblemáticos como el de Pablo Grillo o el de la niña de 10 años gaseada en una protesta, son apenas la punta del iceberg.
Cuando el ajuste no logra legitimarse en las urnas, se impone a fuerza de palos. La historia argentina vuelve a confirmarlo: sin represión, la derecha no gobierna.
