Llamar “modernización laboral” al proyecto de reforma que impulsa el gobierno de Javier Milei es una insinuación tan cínica como reveladora. No se trata de adaptar derechos al siglo XXI, sino de desmontar, uno por uno, más de doscientos años de luchas de la clase trabajadora en favor de un puñado de grandes empresas.
El proyecto —casi 200 artículos redactados en los estudios jurídicos del gran capital— no contiene una sola mejora para los trabajadores. Todo está pensado para profundizar la explotación laboral, aumentar la precarización y garantizar mayores ganancias empresarias.
Ataca los convenios colectivos, flexibiliza la jornada, elimina límites a las horas de trabajo, reduce vacaciones, abarata indemnizaciones y criminaliza el reclamo sindical, incluso prohibiendo asambleas. Es, sin rodeos, un retroceso histórico.
A esto se suma la reducción general de las contribuciones patronales, una decisión que desfinancia la seguridad social, pone en riesgo el sistema jubilatorio solidario y allana el camino para una nueva reforma previsional: aumento de la edad jubilatoria y regreso del negocio de las AFJP. La transferencia de recursos al capital equivale a cerca de un punto del PBI, un saqueo que empuja al sistema al borde de la quiebra.
Como si fuera poco, el proyecto incluye rebajas impositivas millonarias para las grandes empresas. El artículo 191 reduce el impuesto a las Ganancias de sociedades: del 30 % al 27 % en la escala intermedia y del 35 % al 31,5 % en la más alta. Mientras se ajusta a los trabajadores, se premia a quienes más ganan.
El próximo 10 de febrero, cuando el Senado debata este proyecto, no solo estará en juego el futuro de las relaciones laborales en la Argentina, sino también un capítulo decisivo en la historia de la CGT. Su lentitud, casi complaciente, contrasta con su propia tradición de lucha. El silencio sindical frente a este ataque brutal no es neutralidad: es complicidad.
Lo que se discute no es una simple reforma, sino si la Argentina vuelve a un régimen de derechos o acepta una nueva forma de esclavitud moderna, legalizada y avalada por el poder político y económico.
