Extranjerización, concentración y herencia de los ’90. El mapa oficial del Registro Nacional de Tierras Rurales confirma que la extranjerización de la tierra no es un fenómeno reciente ni aislado, sino un proceso estructural que se consolidó al calor de las privatizaciones y la apertura económica de los años noventa, y que hoy vuelve a acelerarse bajo un nuevo ciclo de ajuste y entrega. La herramienta permite visualizar, por provincia y departamento, una realidad largamente fragmentada u ocultada: más de 13 millones de hectáreas —el 5 % del territorio nacional— están en manos de capitales extranjeros.
En Salta, la situación es especialmente alarmante. Los departamentos de Molinos y San Carlos superan el 50 % de extranjerización, duplicando largamente el límite legal fijado por la Ley de Tierras (26.737). No se trata de tierras marginales: allí se concentran cuencas hídricas, territorios de comunidades originarias y zonas estratégicas para el agronegocio y la minería. La extranjerización avanza de la mano de la concentración económica y el vaciamiento del control estatal, profundizando conflictos sociales y ambientales persistentes.
El patrón se repite en otras provincias. En Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Malargüe (Mendoza) —donde la propiedad extranjera ronda el 15 % y convive con al menos 18 proyectos mineros— la tierra extranjerizada se superpone con los núcleos del modelo extractivista. Agua, minerales y posición estratégica aparecen como los verdaderos activos en disputa.
Aunque ninguna provincia supere formalmente el tope del 15 %, el análisis desagregado revela que al menos 36 departamentos ya violan la ley. El dato expone una verdad incómoda: la extranjerización no solo persiste, sino que se profundiza, mientras el Estado mira fragmentos y el capital extranjero consolida territorios enteros.
