El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, avanzó en la renovación de la Corte de Justicia provincial y propuso a dos exfuncionarios de su gestión para ocupar vacantes en el máximo tribunal. La decisión no pasó inadvertida: La Libertad Avanza (LLA) cuestionó las postulaciones y denunció un posible avance del Ejecutivo sobre la autonomía del Poder Judicial.
Los candidatos son los abogados Martín Ignacio Plaza y Jorge Martín Diez Villa, cuyos pliegos fueron oficializados mediante los decretos 9/2025 y 10/2025 publicados en el Boletín Oficial. Plaza reemplazaría al juez Ernesto Samsón, cuyo mandato venció el 29 de noviembre, mientras que Diez Villa ocuparía el lugar de Guillermo Catalano, quien dejó el cargo el 3 de diciembre.
Según establece la Ley 8311, ahora el Gobierno provincial deberá publicar los antecedentes de ambos postulantes y abrir un plazo de 15 días hábiles para que la ciudadanía, entidades profesionales y organizaciones de la sociedad civil presenten observaciones o impugnaciones. Luego, las designaciones deberán ser tratadas en el Senado provincial, donde el oficialismo cuenta con una amplia mayoría: 22 de los 23 legisladores responden políticamente a Sáenz.
Cuestionamientos por la independencia judicial
Desde La Libertad Avanza rechazaron las candidaturas por la cercanía de ambos postulantes con el Ejecutivo. La senadora nacional por Salta, Emilia Orozco, advirtió que “funcionarios que han participado del gobierno provincial no deberían integrar un poder independiente como la Corte, que es la cabeza del Poder Judicial”.
Plaza formó parte de la gestión de Sáenz como delegado de la Casa de Salta en la Capital Federal, con rango y remuneración de ministro, y además integró la Comisión para la Modernización del Sistema de Justicia. Diez Villa, en tanto, es el actual Defensor General de la provincia y vicepresidente del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de seleccionar y remover jueces inferiores.
Para los libertarios, estas trayectorias comprometen la imparcialidad que debe tener el máximo tribunal. Además, reclaman una reducción del número de integrantes de la Corte, que fue ampliada primero durante la gestión de Juan Manuel Urtubey y luego por Sáenz hasta llegar a nueve miembros. “Debe volver a cinco jueces por una cuestión económica y de funcionamiento”, sostienen desde LLA.
La Corte y la posible reelección
El debate adquiere mayor relevancia política por la posibilidad de que Sáenz intente competir por un nuevo mandato en 2027. La Corte provincial será clave para interpretar la constitucionalidad de una eventual reelección.
Sáenz fue electo gobernador en 2019 y reelegido en 2023. Durante su primer mandato impulsó una reforma constitucional que limitó las reelecciones consecutivas del Ejecutivo a un solo período. Sin embargo, existen distintas interpretaciones sobre desde cuándo debe aplicarse esa norma.
Algunos sectores sostienen que el mandato actual debe computarse como el primero, porque la reforma no puede aplicarse de manera retroactiva. Otros entienden que también debe contarse el período 2019-2023, lo que dejaría al gobernador sin posibilidad de competir nuevamente. Esa controversia podría terminar resolviéndose en la propia Corte que ahora Sáenz busca renovar.
Un escenario de tensión política
Aunque Sáenz mantiene vínculos de cooperación con el gobierno nacional de Javier Milei en el Congreso, la disputa con La Libertad Avanza por la Corte salteña expone una tensión creciente entre aliados circunstanciales. Para el oficialismo provincial, la renovación del tribunal es parte de un proceso institucional; para los libertarios, es un intento de blindaje político.
Mientras tanto, el proceso sigue su curso administrativo y legislativo. En juego no solo están dos cargos judiciales, sino el equilibrio entre poderes, la independencia de la Justicia provincial y el escenario político de Salta rumbo a 2027.
