Los incendios que avanzan sin control en la Patagonia exponen, una vez más, los graves errores —y omisiones— del gobierno nacional frente a una crisis ambiental anunciada. La reiteración de los focos ígneos, la magnitud del daño y la pasividad estatal ya no permiten hablar solo de imprevisión: habilitan la sospecha de una política deliberada de abandono.
Pese a las advertencias científicas sobre el aumento de los riesgos climáticos, el Estado nacional optó por subestimar el escenario y desfinanciar los programas de prevención y combate del fuego. No se trató de desconocimiento ni de sorpresa ante la emergencia: fue una decisión política. El ajuste aplicado dejó brigadistas sin equipamiento, aviones fuera de servicio y vastos territorios sin protección, mientras las comunidades quedaron libradas a su suerte frente al avance de las llamas.
Las consecuencias son devastadoras. Miles de hectáreas arrasadas, daños ambientales irreversibles y pérdidas económicas millonarias conforman el saldo visible de una política que priorizó el recorte por sobre la preservación de los bienes comunes. Pero detrás del desastre aparece un dato inquietante: las tierras incendiadas, una vez reducidas a cenizas, se vuelven “disponibles” para la especulación inmobiliaria y la venta a capitales extranjeros. El fuego, en ese sentido, limpia el terreno que el mercado ambiciona.
Cuando el Estado se retira de manera sistemática de los espacios donde su presencia es indispensable, la omisión deja de ser un error y se transforma en política pública. Y cuando esa política favorece a grandes intereses inmobiliarios y extractivos, la desidia ya no puede leerse como negligencia, sino como un método.
Lo que ocurre en la Patagonia no es solo un ecocidio. Es un saqueo planificado, ejecutado bajo el disfraz del ajuste fiscal y la negación del cambio climático, con consecuencias que pagarán las generaciones presentes y futuras.
