La central obrera enviará solo a sus abogados laboralistas a la comisión técnica que comenzará este viernes, mientras refuerza su estrategia política para frenar o modificar los puntos más cuestionados del proyecto oficial.
La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió endurecer su estrategia frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y confirmó que, en una primera etapa, solo participarán sus equipos técnicos y abogados en las reuniones que se desarrollarán en el Senado. El debate formal de la iniciativa está previsto para los primeros días de febrero.
Según indicaron fuentes sindicales, este viernes comenzará a funcionar una comisión técnica en la Cámara Alta que analizará posibles modificaciones al proyecto antes de su llegada al recinto, prevista para el 10 de febrero. En ese ámbito, la CGT estará representada exclusivamente por especialistas en derecho laboral, sin la presencia de dirigentes gremiales.
“Esta semana solo van nuestros equipos técnicos al Senado. La próxima, se retomarán las reuniones con los bloques y quizá participen algunos dirigentes”, señalaron desde la central obrera, al explicar el esquema de participación elegido para esta primera instancia.
En paralelo al trabajo parlamentario, la CGT reactivó su ofensiva política en el interior del país. En los próximos días, referentes sindicales iniciarán una ronda de encuentros con gobernadores para exponerles sus objeciones al proyecto y solicitarles que no acompañen la iniciativa con el voto de sus legisladores o que impulsen cambios en los artículos más resistidos.
La comisión técnica del Senado fue habilitada por impulso del oficialismo, luego de que en diciembre se postergara el tratamiento de la reforma ante la fuerte resistencia sindical, que incluyó una masiva movilización a Plaza de Mayo. El objetivo del Gobierno es llegar a febrero con un texto consensuado que permita avanzar con la denominada “modernización laboral”.
Desde la CGT, sin embargo, mantienen un rechazo firme a varios ejes centrales del proyecto. Entre los principales puntos cuestionados se encuentran la ampliación de las actividades consideradas esenciales —que limitaría el alcance de las medidas de fuerza—, la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, los cambios en la cuota solidaria que aportan los trabajadores no afiliados y la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL) en reemplazo del actual sistema de indemnizaciones.
El sindicalismo considera que estas modificaciones debilitan la negociación colectiva y afectan derechos laborales históricos. En ese contexto, la central obrera busca ganar tiempo, sumar apoyos políticos y condicionar el debate legislativo antes de que el proyecto llegue al recinto del Senado.
