La debilidad parlamentaria en la provincia de Salta ya no puede explicarse como desorden ni como descuido legislativo. La decisión —o la omisión— de la Cámara de Diputados de dejar caer la prórroga que suspendía los desalojos rurales revela un compromiso político quebrado, aun cuando las consecuencias económicas y sociales resultan abrumadoras para el campesinado.
La suspensión de los desalojos vence este 31 de diciembre y, con ella, se reactivan juicios, ejecuciones de sentencia y medidas cautelares que no solo implican la pérdida de la tierra, sino también multas y costas judiciales. Para pequeños productores y campesinos criollos que viven de una economía de subsistencia, esas cifras no son una sanción: son una condena.
El diputado por La Caldera, Luis Mendaña, advirtió en el recinto que, sin la modificación del artículo 9 de la Ley 7658, las familias campesinas quedarían “en estado de vulnerabilidad”. No exageraba. Existen numerosos expedientes listos para ejecutarse y un sistema judicial que, sin la prórroga vigente, avanzará sin contemplar el arraigo ni la función social de la tierra.
La media sanción del Senado ingresó formalmente a la Cámara de Diputados y quedó asentada en el acta de labor parlamentaria del 28 de octubre. El texto proponía suspender, hasta el 31 de diciembre de 2026, toda ejecución judicial destinada al desalojo o a la modificación de la situación de hecho de tierras ocupadas por familias rurales y pequeños productores. El proyecto estaba presentado, el diagnóstico era conocido y el riesgo, público. Aun así, no se trató.
Aquí se derrumba la teoría del “compromiso institucional”. Cuando el Parlamento sabe que detrás de cada expediente hay familias que pueden quedar en la calle, endeudadas y expulsadas de territorios que habitan desde generaciones, no actuar equivale a tomar partido. En este contexto, la supuesta neutralidad legislativa favorece al despojo. Triste realidad la de legisladores que perciben dietas que superan los tres millones de pesos.
Campesinos criollos e indígenas que se levantan al amanecer, trabajan la tierra y sostienen el interior profundo quedan atrapados entre juicios millonarios y desalojos inminentes. La Legislatura salteña tenía la herramienta para evitarlo y decidió no usarla. Así, el compromiso parlamentario se derrumba no en el discurso, sino en la vida concreta de quienes hoy enfrentan una situación crítica, con la tierra en riesgo y el futuro hipotecado.
