Sin decisión política no hay reforma judicial. Y sin una Justicia independiente del poder económico, la democracia se convierte en una promesa incumplida.
La pregunta es inevitable: ¿quién está dispuesto a enfrentar los privilegios para que la Justicia vuelva a pertenecerle al pueblo?
Ocho de cada diez argentinos desconfían de la Justicia. No es casualidad: es el resultado de años de privilegios, demoras, impunidad y decisiones judiciales que alimentan la sospecha de que no todos somos iguales ante la ley.
Comodoro Py se ha convertido en el símbolo de una Justicia cuestionada por el uso político de determinadas causas, la persecución de dirigentes populares y el trato desigual frente a los poderosos. Cuando los tribunales pierden credibilidad, no solo se debilita el Estado de derecho, sino que también se lastima la democracia.
Actualmente, la demora en cubrir las vacantes judiciales abre espacio para que el poder político de turno influya en la designación de magistrados. No alcanza con denunciar esta situación: es necesario enfrentarla con decisión, transparencia y una doctrina que coloque los derechos del pueblo por encima de los intereses corporativos.
La historia demuestra que los discursos reformistas no bastan. Sin voluntad política, los proyectos quedan archivados y los privilegios permanecen intactos.
Construir una Justicia soberana exige coraje político, participación popular y jueces independientes de los gobiernos, las corporaciones y el poder financiero.
No se trata de reemplazar una dependencia por otra, sino de garantizar una Justicia que respete la Constitución, proteja los derechos sociales y no persiga a nadie por sus ideas.
Fuente: La Marcha.
