Mientras los jóvenes de los sectores más vulnerables entregan sus zapatillas y celulares para comprar pasta base, el poder político habla de ajuste y equilibrio fiscal. ¿Dónde está el Estado cuando las familias pierden a sus hijos en el infierno de las adicciones?
La advertencia del obispo de Orán, Scozzina, publicada por El Tribuno, expone una realidad que debería ocupar un lugar central en la agenda política: el avance de las adicciones y el narcotráfico en el norte salteño.
Sin embargo, el oficialismo parece tener otras prioridades. Se habla de ajuste, recortes y equilibrio fiscal, mientras una tragedia social golpea a los hogares más humildes. ¿Cuánto espacio ocupa este drama en los discursos de los gobernantes? ¿Qué políticas concretas pueden mostrar para enfrentar el consumo de pasta base y recuperar a los jóvenes atrapados por la dependencia?
No hablamos de estadísticas frías. Hablamos de hijos de familias trabajadoras, jóvenes sin empleo, sin oportunidades y sin esperanza, que llegan a entregar sus zapatillas de marca, sus teléfonos celulares y sus pocas pertenencias para conseguir otra dosis. Cuando la droga domina la vida cotidiana, la familia entera queda sumida en la angustia y la desesperación.
La pasta base, conocida popularmente como paco, puede provocar una dependencia devastadora. No alcanza con señalar al consumidor ni con reclamar mayor presencia policial cuando el daño ya está hecho. Es necesario prevenir, brindar atención, garantizar tratamientos de rehabilitación y ofrecer oportunidades de educación y trabajo. Sin esas respuestas, el discurso de la libertad queda vacío para quienes ni siquiera encuentran una oportunidad de vivir dignamente.
El obispo describió una Iglesia que acompaña a los sectores más vulnerables a través de los Hogares de Cristo, las pastorales y unos 60 comedores y merenderos distribuidos en la diócesis. Estas iniciativas brindan contención a quienes más lo necesitan, pero no pueden sustituir las obligaciones del Estado.
El oficialismo debe responder: ¿qué presupuesto destina a la prevención y al tratamiento de las adicciones? ¿Cuántos dispositivos de atención funcionan en el norte provincial? ¿Qué oportunidades ofrece a los jóvenes que abandonaron la escuela y no consiguen trabajo?
Existe, además, otra responsabilidad ineludible: combatir las redes del narcotráfico que abastecen el consumo. Salta es una provincia fronteriza y necesita controles efectivos, investigaciones profundas y transparencia. Toda denuncia que involucre a funcionarios, incluidos los nacionales, debe investigarse con pruebas, sin encubrimientos ni privilegios.
No se pueden exigir sacrificios permanentes a los sectores populares y, al mismo tiempo, ignorar el sufrimiento que atraviesa sus hogares. El ajuste no puede convertirse en una excusa para desentenderse de una emergencia social.
Cuando un joven entrega sus zapatillas para comprar pasta base, no estamos ante una simple noticia policial. Estamos ante el fracaso de las respuestas que deberían protegerlo.
Gobernar no es solamente recortar gastos: es defender la vida, recuperar a los jóvenes y devolverles un futuro. El silencio político frente a esta tragedia también merece una explicación.
