La interna sindical en la Unión Obrera Metalúrgica sumó un nuevo capítulo judicial luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolviera anular las elecciones nacionales del gremio, desplazar de su cargo al secretario general Abel Furlán y disponer la intervención judicial de la organización por 180 días.
La decisión fue adoptada por la Sala VIII del tribunal laboral, que consideró inválidos tanto los comicios nacionales realizados el 18 de marzo como la elección desarrollada previamente en la seccional Campana, origen de la causa impulsada por la opositora Lista Naranja.
Según el fallo, ambas elecciones estaban directamente vinculadas, por lo que la nulidad detectada en Campana terminó afectando todo el proceso nacional. “Si una es nula, también la otra lo es”, sostuvo el juez Víctor Arturo Pesino, cuyo voto fue acompañado por la magistrada María Dora González.
La resolución judicial ordenó el “cese inmediato” de Furlán y del resto de las autoridades electas en marzo, además de dejar sin efecto las designaciones realizadas por esa conducción desde su asunción. A raíz de la medida, el gremio quedó formalmente acéfalo.
Para normalizar la situación institucional, la Cámara designó como interventor judicial al abogado Alberto Biglieri, quien tendrá la tarea de convocar a nuevas elecciones en un plazo máximo de seis meses.
Entre las principales irregularidades señaladas por la Justicia aparece el manejo de las urnas durante el proceso electoral en Campana. El fallo cuestionó que las urnas permanecieran durante tres días bajo custodia de la conducción oficialista sin escrutinios provisorios diarios ni garantías suficientes para asegurar la transparencia del voto.
“La ausencia de salvaguarda de la voluntad de los electores destruyó la objetividad de todo el proceso”, remarcaron los jueces en la resolución.
Además, el tribunal criticó que la conducción sindical ignorara una medida cautelar dictada el 17 de marzo que suspendía la elección nacional prevista para el día siguiente. Según la sentencia, la UOM decidió avanzar igualmente con los comicios pese a la orden judicial.
La Cámara sostuvo que la intervención judicial no busca limitar la autonomía sindical, sino restablecer la legalidad institucional y garantizar un nuevo proceso electoral transparente dentro de uno de los gremios industriales más importantes del país.
