Es la columna vertebral del Estado peronista que, desde la irrupción de Juan Perón, impulsó la conformación de una burguesía nacional, fortaleció la industria y garantizó una mayor participación de los trabajadores en la distribución del ingreso.
Fue un proyecto de país donde el mercado interno dejó de ser variable de ajuste y se convirtió en motor del desarrollo. Porque ningún proceso exportador puede sostenerse eternamente sobre el infraconsumo de los sectores populares: un pueblo empobrecido no construye nación, apenas sobrevive.
Hoy, sin embargo, asistimos a una escena dolorosa. Diputados que se dicen peronistas levantan la mano para acompañar al gobierno de los hermanos Milei en normas que desmantelan derechos laborales conquistados con décadas de lucha. Invocan la doctrina mientras votan su negación. Olvidan que el trabajo no es mercancía, que la dignidad del trabajador no se subasta en nombre de la modernización.
La justicia social se remonta a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo de 1919, cuando el mundo entendió que la paz duradera solo puede fundarse en la justicia social. Y también a la encíclica Rerum Novarum del papa León XIII, que proclamó la dignidad del trabajo, el derecho a un salario justo y la protección estatal de los más débiles frente al poder del capital.
El peronismo tomó esas banderas y las convirtió en política concreta: estatutos laborales, paritarias, vacaciones pagas, jubilaciones. No fue dádiva: fue justicia organizada. Por eso duele más la traición de quienes, con la camiseta puesta, votan contra el legado que dicen defender.
La historia es clara: cada vez que se debilitó el derecho del trabajo, se debilitó la Nación. Y cada vez que el pueblo trabajador fue protagonista, la Argentina creció. La justicia social no es pasado; es destino. Y no habrá relato que pueda reemplazar la memoria viva de un pueblo que sabe que sin derechos no hay libertad, y sin trabajadores dignificados no hay patria.
