La jueza estadounidense Loretta Preska ordenó al Estado argentino transferir el 51% de las acciones que posee en YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park, como parte de pago por la expropiación de la petrolera en 2012.
El problema de fondo es que YPF nació como una empresa estatal y este fallo, de convalidarse, significaría entregar la totalidad de la petrolera, que hoy no solo vale por sus pozos históricos, sino principalmente por Vaca Muerta, una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo. Esta es la historia de la principal empresa nacional, creada en 1922.
Tras privatizaciones parciales durante la dictadura cívico-militar, en la década del 90 comenzó la privatización plena de YPF con la Ley de Federalización de los Hidrocarburos y su venta parcial al sector privado. En 1999, mediante el decreto 666/99, la española Repsol pasó a controlar el 99% de las acciones. Argentina fue uno de los pocos países del mundo que se deshizo de su petrolera estatal y cedió el control de una actividad estratégica. La respuesta es clara: por dinero. El gobierno menemista agonizaba en un año electoral y entregaba los restos de la última “joya de la abuela”.
Durante la gestión de Repsol, la exploración y explotación cayeron, mientras la empresa priorizó la distribución de utilidades. El fracaso privado derivó en una crisis energética durante la etapa de expansión económica posconvertibilidad, con fuertes importaciones para sostener la demanda interna. En 2011 se confirmó la presencia de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta. Mientras Repsol organizaba road shows para venderla a empresas extranjeras, el déficit energético argentino crecía.
La presión política se intensificó y en abril de 2012 el gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley de Soberanía Hidrocarburífera, que expropió el 51% de las acciones de YPF en manos de Repsol. Veinte días después, ambas cámaras aprobaron la ley con amplia mayoría y YPF volvió a control estatal.
A finales de 2007, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el Grupo Petersen de la familia Eskenazi ingresó con el 25% del paquete accionario, endeudándose con bancos internacionales y financiando el pago con utilidades de la empresa, replicando la estrategia de Repsol. Cuando el gobierno nacionalizó YPF y suspendió el reparto de dividendos, las empresas españolas del Grupo Petersen quebraron y vendieron su derecho a litigar contra Argentina a Burford Capital, un fondo buitre que compró el 70% de esa deuda.
En marzo de 2023, la jueza Preska falló a favor de Burford, obligando a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares, monto que triplica lo que cobró Repsol (5.000 millones) y supera el valor actual bursátil de YPF (12.000 millones). Burford argumentó que Argentina violó el artículo 7° del Estatuto de YPF, que exige a quien compre más del 15% de las acciones ofrecer igual trato a todos los accionistas. El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó dos escritos oponiéndose a la competencia de Preska, pero la jueza ignoró esos argumentos.
Más allá de la discusión jurídica sobre la prelación de leyes nacionales o estatutos empresariales, este fallo constituye una grave injerencia de tribunales extranjeros en asuntos soberanos, sentando un peligroso precedente. Por ello, diversos países de la región y del mundo expresaron su solidaridad con Argentina.
La gran incógnita es cómo impactará este fallo en el sector energético, que entre enero y abril de 2025 registró un superávit comercial de 2.684 millones de dólares, aportando un 0,5% anual al PBI. Según Nicolás Gandini, director de EconoJournal, “este fallo les pega a quienes están produciendo en Vaca Muerta donde más les duele: el acceso al financiamiento internacional”.
Sin embargo, llama la atención el silencio de los empresarios argentinos que hoy explotan Vaca Muerta, la segunda mayor reserva de gas y la cuarta en petróleo del mundo. “Todas las empresas que operan allí no hubieran podido hacerlo sin la reestatización de YPF, que generó el know-how necesario para extraer petróleo y gas no convencionales”, explicó Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía (2013-2015).
Mientras tanto, el Ejecutivo pidió a la Justicia estadounidense suspender el fallo, en la misma línea jurídica que las gestiones anteriores. La historia parece repetirse: un gobierno debilitado entrega la “joya de la abuela” en su ocaso electoral.
