La suspensión del servicio nocturno de colectivos en Salta no es una crisis nueva ni un problema inesperado. Se trata de una metodología conocida: cuando los empresarios consideran insuficientes los recursos que reciben, la presión no se ejerce sobre los funcionarios, sino sobre los usuarios.
Detrás del conflicto aparecen reclamos por deudas, actualización de tarifas y mayores subsidios. La consecuencia es que estudiantes, trabajadores y sectores productivos quedan atrapados en una disputa cuyo verdadero destinatario es el Estado.
Las denuncias de docentes y estudiantes reflejan la gravedad de la medida. Miles de personas estudian o trabajan en horario nocturno y dependen exclusivamente del transporte público. Para ellas, la suspensión del servicio representa una limitación concreta al derecho a estudiar, trabajar y desplazarse.
Pero también hay preguntas que siguen sin respuesta. SAETA es una sociedad estatal que administra el sistema de transporte y, sin embargo, existe escasa información pública sobre sus costos reales de funcionamiento. No está claro cuánto de sus ingresos proviene de la venta de pasajes, cuánto recibe en concepto de subsidios y cuánto cuesta sostener toda su estructura administrativa.
Tampoco se conoce con precisión cuántos empleados integran la planta permanente, qué porcentaje del presupuesto representan los salarios jerárquicos ni cuántos directivos de altos ingresos forman parte de la conducción de la empresa. Antes de trasladar los costos de la crisis a los usuarios, sería razonable que existiera una mayor transparencia sobre las cuentas del sistema.
A su vez, el conflicto no puede analizarse por fuera del contexto nacional. La política de ajuste impulsada por el gobierno de Javier Milei redujo subsidios y trasladó cada vez más responsabilidades a las provincias. La denominada “motosierra” también impacta sobre servicios esenciales como el transporte público.
Salta termina padeciendo una doble presión: por un lado, el ajuste nacional; por otro, las exigencias de los sectores empresarios para garantizar su rentabilidad. En el medio quedan los trabajadores, los estudiantes, los jubilados y los usuarios que dependen diariamente del servicio.
La discusión de fondo sigue siendo la misma: si el transporte es un derecho social, debe garantizarse con transparencia, control público y acceso universal. Si se lo considera solamente un negocio, cada crisis terminará resolviéndose con menos servicios, tarifas más altas y mayores dificultades para quienes dependen del colectivo para vivir, estudiar y trabajar.
