La Asociación Gremial Docente de la UBA sostuvo que no comenzarán las clases si el Ejecutivo no acata el fallo judicial que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y saldar la deuda salarial.
Los gremios universitarios volvieron a encender las alarmas por la situación del sistema educativo superior y advirtieron que el inicio del ciclo lectivo 2026 podría no concretarse si el Gobierno nacional no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario. Así lo expresó la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que reclamó el acatamiento inmediato de una resolución judicial.
“Si no pagan lo que marca la ley, no empiezan las clases”, señalaron desde AGD-UBA a través de un comunicado, en el que exigieron que el presidente Javier Milei aplique la normativa vigente. Según indicaron, una medida cautelar obliga al Ejecutivo a cumplir con la ley y a abonar un 46% adeudado en concepto de recomposición salarial.
En declaraciones periodísticas, Antonio Rosselló, docente universitario e integrante de las mesas ejecutivas de AGD-UBA y de la Conadu Histórica, sostuvo que el Gobierno “debe acatar de manera inmediata la resolución judicial” y avanzar no solo en el aumento salarial para docentes y no docentes, sino también en el refuerzo del presupuesto de las universidades nacionales. El reclamo incluye, además, mayores partidas para becas estudiantiles y gastos de funcionamiento.
Rosselló advirtió que existen serias dudas sobre la voluntad oficial de cumplir con el fallo. “Creemos que el Gobierno va a intentar dilatar la aplicación de la ley, ya sea mediante apelaciones hasta la Corte Suprema o directamente incumpliendo, como ya ocurre con otras normativas”, afirmó. En ese sentido, recordó que, según resoluciones judiciales recientes, el Ejecutivo tampoco estaría aplicando la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Desde el sector gremial remarcaron que la Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada en reiteradas oportunidades por el Congreso. “No hay interés en respetar la división de poderes: la ley fue votada cuatro veces por la Cámara de Diputados, con vetos y maniobras posteriores que terminaron desvirtuando su aplicación”, cuestionó Rosselló.
El conflicto por el financiamiento universitario se suma a un escenario de tensión creciente entre el Gobierno y las casas de altos estudios, con salarios deteriorados, presupuestos ajustados y advertencias de nuevas medidas de fuerza. En este contexto, los gremios no descartan profundizar el plan de lucha si no hay respuestas concretas, lo que pone en duda el normal inicio del próximo ciclo académico.
