La crisis social y laboral no da tregua, ni siquiera en el norte. En Salta, la principal empresa metalera, Metalnor, despidió a más de 50 trabajadores en cuestión de horas, quemó documentación y mantiene un silencio absoluto sobre su futuro.
El hecho ocurre en medio de un megaoperativo nacional por lavado de dinero y tráfico de metales, que dejó al descubierto una red con ramificaciones internacionales.
Los despidos fueron fulminantes: operarios con años de antigüedad quedaron en la calle y personal administrativo fue cesanteado sin explicación alguna. Poco después, un contenedor con archivos ardió frente a la planta ubicada sobre la Ruta 26, custodiado por seguridad privada. Nadie duda de que algo se intentó borrar.
La situación sorprende, ya que Metalnor no atravesaba una crisis económica. En marzo, la firma había adquirido Aceros Zapla, bajo la dirección de Fernando Yarade, exfuncionario de Juan Manuel Urtubey y figura cercana al romerato. Siete meses después, el proyecto industrial prometido se derrumba, mientras la empresa parece replegarse justo cuando una investigación federal avanza sobre contrabando de cobre y lavado de activos mediante criptomonedas.
Un antecedente agrava el panorama: en abril, un camión con el logo de Metalnor fue detenido en la Patagonia transportando cobre disfrazado de chatarra, una maniobra típica para evadir controles aduaneros.
La combinación de despidos, vaciamiento y vínculos políticos deja al descubierto un modelo de impunidad empresarial que refleja el clima del sistema mileinista: flexibilización, precarización y negocios turbios.
Mientras el Gobierno nacional celebra el “orden y la eficiencia”, en Salta arden los papeles y las familias obreras pagan el precio del ajuste y la corrupción.
Fuente: El Cuarto Poder
