La nueva ley incorpora al país a un acuerdo internacional que facilitará el cobro de cuotas alimentarias cuando la persona obligada al pago resida fuera de Argentina. La medida busca agilizar trámites y brindar mayor protección a niños, adolescentes y familias.

El Gobierno nacional oficializó la aprobación del Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia, una herramienta jurídica destinada a facilitar los reclamos de cuotas alimentarias cuando una de las partes involucradas reside en el extranjero.

La medida fue promulgada mediante la Ley 27.806, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y formaliza la adhesión de Argentina al acuerdo internacional suscripto en La Haya.

La iniciativa apunta a resolver una problemática frecuente en los procesos de familia: las dificultades para exigir el cumplimiento de obligaciones alimentarias cuando la persona responsable del pago vive fuera del país. En muchos casos, las diferencias entre sistemas judiciales, la distancia geográfica y la falta de mecanismos de cooperación generan demoras que terminan perjudicando a niños, adolescentes y familias que dependen de esos recursos.

Con la incorporación al convenio, Argentina contará con un marco legal que permitirá fortalecer la cooperación entre Estados para tramitar reclamos, reconocer resoluciones judiciales y facilitar el cobro de cuotas alimentarias más allá de las fronteras nacionales.

La norma no modifica los montos de las cuotas ni resuelve automáticamente los conflictos, pero establece procedimientos que buscan hacer más eficiente la gestión de los reclamos internacionales y garantizar una mayor protección de los derechos de niños y adolescentes.

Especialistas consideran que la efectividad de la medida dependerá de la coordinación entre los organismos judiciales y administrativos de los países adheridos, así como de la rapidez con la que puedan implementarse los mecanismos previstos en el convenio.

La aprobación de esta herramienta representa un avance en materia de cooperación internacional y acceso a la justicia para familias que enfrentan dificultades para hacer cumplir obligaciones alimentarias cuando el deudor reside fuera de Argentina.

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