La denuncia pública realizada por nueve relatores de Naciones Unidas debería estremecer a cualquier democracia. Sin embargo, el gobierno argentino respondió con indiferencia durante dos meses y recién ahora, ante la presión internacional, solicitó una prórroga para contestar.
Desde diciembre de 2023, con la llegada de Javier Milei al poder y Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, Argentina ha ingresado en una peligrosa pendiente autoritaria. Así lo describen con precisión los organismos internacionales: un “grave deterioro de las libertades fundamentales y del espacio cívico”, represión sistemática de la protesta pacífica, uso desproporcionado de la fuerza y un intento cada vez más explícito de disciplinar al Poder Judicial.
El caso de la jueza Karina Andrade es paradigmático. Por cumplir con su función —liberar a manifestantes detenidos arbitrariamente— fue atacada por funcionarios, acosada públicamente y convertida en blanco de amenazas. No se trata de un hecho aislado: la ONU habla de un patrón estructural de hostigamiento. El gobierno no tolera límites ni controles. Su ofensiva contra quienes se interponen en su agenda autoritaria es permanente.
El “protocolo antipiquetes”, la criminalización de las movilizaciones sociales, la violencia contra jubilados, periodistas, camarógrafos y manifestantes pacíficos no son desbordes: son parte de una estrategia de gobierno. Y lo más alarmante: están siendo legitimadas desde el más alto nivel político.
Pero la represión no ocurre en el vacío. Viene acompañada de discursos estigmatizantes, reformas regresivas como el mega DNU y la Ley Bases, y ahora incluso normas que habilitan detenciones sin orden judicial. La legalidad comienza a diluirse en un marco de excepcionalidad permanente, donde todo puede ser justificado en nombre del orden, el mercado o la lucha contra las “mafias”.
Frente a esto, Naciones Unidas no habla de errores ni excesos: habla de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Habla de tortura, de detenciones arbitrarias, de restricciones ilegítimas a la libertad de expresión y de un ataque directo a la independencia judicial.
No se puede normalizar la violencia institucional. No se puede relativizar el atropello a las garantías democráticas. La denuncia internacional es un llamado urgente: la democracia argentina está en riesgo. El gobierno debe dar respuestas, pero, sobre todo, debe retroceder antes de cruzar líneas de las que ya no haya retorno.
